Caracas, marzo 11. Intopress.-

A juicio del dirigente nacional del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP) Cipriano Heredia, La nueva Ley de Alquileres Inmobiliarios “no puede ser concebida para perjudicar a los dueños de inmuebles que alquilan. Por ello, lo ideal es fomentar una regulación que busque el equilibrio de los derechos en juego y no el acorralamiento de una de las partes.”
Heredia considera que en esa nueva legislación deben coexistir pacíficamente el derecho a una vivienda digna y el de propiedad, en beneficio de toda la sociedad.

El activista político cuestionó la obligación de vender el inmueble a sus inquilinos que establece la Ley para los dueños de viviendas en un plazo de 180 días, “lo cual no sólo es un plazo irreal sino que además convierte a la norma en una ley de expropiación, ya que la compra-venta es por naturaleza un contrato consensual y no un acto impuesto. En dado caso lo que habría que hacer es mantener el derecho de preferencia que tiene el inquilino y establecer algunas condiciones ventajosas para él si decide comprar, atendiendo, por ejemplo, su antigüedad como arrendatario, pero en ningún caso crear la obligación forzosa de vender para el propietario”.
En lo que respecta a la valoración de los inmuebles y la estimación del canon de arrendamiento, Heredia considera erróneo establecer un precio único por m2 de construcción, tal y como lo establece el proyecto, “porque evidentemente el precio del terreno, la ubicación, el acceso a servicios básicos, los materiales utilizados y la conservación del inmueble, son elementos que necesariamente influyen en el valor del mismo, y esto va más allá de los criterios ideológicos esgrimidos por los promotores del proyecto”.
Otro punto crítico viene a ser el caso de los desalojos, Heredia sostiene que las causales para determinar los mismos son justas y deben mantenerse, a saber: subarrendamiento, darle un destino distinto a la vivienda, atraso en los pagos y necesidad del dueño de utilizar su inmueble para uso propio. Sin embargo, acotó que el Proyecto establece un nuevo procedimiento administrativo que estará en manos de la Dirección de Inquilinato una vez que se obtenga una sentencia, haciendo aún más difícil ejecutar el desalojo. “Si la idea es proteger a quien no tiene donde ir, esto debe hacerse valer durante el juicio para que el juez lo contemple en la sentencia, y no subordinar la decisión de un Tribunal a la discreción de un órgano del Ejecutivo”, señaló Heredia.
El vocero de ABP enfatizó que “es correcto y apoyamos que se cree un marco regulatorio de los alquileres y se ponga freno a atropellos inaceptables, tales como el cobro millonario de traspasos de llave, la negativa a aceptar inquilinos con hijos, o la fijación de cánones de arrendamiento en dólares o monedas extranjeras, pero la Ley debe equilibrar los derechos de todos los ciudadanos”.