Tal Cual 10-05-11

Ley contra el desalojo acabará con la renta de vivienda. Apiur considera que decreto afecta la propiedad privada y aumentará el déficit habitacional. El texto reza que no se puede proceder la desocupación forzosa sin garantizarle casa a la parte afectada La norma impone la inamovilidad de los inmuebles a favor del inqulino y plantea una suerte de confiscación

Ayer fue publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.668 de fecha viernes 6 de mayo, la Ley contra el Desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas, la cual protege a los inquilinos de los abusos de algunos propietarios, así como a estos últimos ante algún inconveniente con los arrendatarios.

Para el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta Martínez, este instrumento legal aumenta el déficit habitacional, afecta a los propietarios de esas viviendas y a la banca que otorga créditos hipotecarios.

Orta dijo que en nada ayuda esta ley sino que va a llevar a un "mínimo histórico" el alquiler de viviendas, además de coartar los derechos de la propiedad y la tutela judicial efectiva.

"Existe una grave afectación a la propiedad privada, porque lo que se quiere aquí es tener una especie de inamovilidad de cualquier ocupante, y en realidad los contratos inmobiliarios son netamente temporales no son para toda la vida", explicó.

A juicio de Orta Martínez esta situación acaba con la oferta de alquiler: "por el hecho de que si un propietario necesita la vivienda para dársela a un hijo o no le hayan pagado un alquiler, no podrá recuperarla por la vía judicial".

Explicó que afecta a la banca "por el hecho de que tampoco se podrá efectuar ninguna medida de ejecución de hipoteca hasta que se informe a la Sudeban y al Banavih".

DESALOJOS DEBEN GARANTIZAR VIVIENDA
En este instrumento legal se explica que no podrá procederse a la ejecución de desalojos forzosos sin el cumplimiento previo de los procedimientos judiciales ni administrativos correspondientes.

En lugar de un desalojo, los propietarios de viviendas en alquiler deberán realizar un procedimiento previo establecido ante el Ministerio de Vivienda y Hábitat.

De llegarse a un acuerdo entre ambas partes, se decidirá la forma y el tiempo de ejecución de lo acordado. Sin embargo, cuando no hubiere pacto se inicia un proceso judicial.

Asimismo, se establece que no se puede proceder a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser éste un derecho de interés social e inherente a toda persona.

Orta Martínez indicó que con esta medida y con la escasez de viviendas que existe actualmente en el país, la propiedad queda prácticamente confiscada, "por el hecho de que ni siquiera por la vía judicial van a poder recuperarse hasta que el Estado le consiga una vivienda al inquilino".

Además consideró que puede lograr que los ocupantes se queden en las viviendas y dejen de pagar el alquiler. "Los afectados directos con esta ley son los propietarios que no pueden recuperar sus casas, y los indirectos las personas que están buscando dónde ocupar y no consiguen".

El texto determina que cuando se vaya a realizar un desalojo por ningún motivo podrá llevarse a cabo en horario nocturno, de madrugada, ni los días viernes, sábados o domingos.

El defensor público tiene la potestad de calificar si una situación amerita o no el recurso del desalojo por la fuerza. El decreto reza que el desalojo debe ser notificado al afectado con un plazo de al menos 90 días continuos.