El Tiempo 28-07-10

En víspera de la redacción de una norma que regula las condiciones de arrendamiento, el presidente de la asociación que protege a los consumidores, Roberto León Parilli, calcula que de cada 10 viviendas alquiladas, una concluye en la salida forzosa del arrendatario

CIFRA. Operaciones de alquiler son llegan a 6%
CARACAS.- La viabilidad que estudia la Asamblea Nacional (AN) de suspender los desalojos inmobiliarios, no es una medida que responda a la realidad del sector, sino una acción de carácter “populista”, que en lugar de beneficiar a los inquilinos, los perjudicará, porque “matará” la oferta de un mercado necesario.

Así opina el presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), Roberto León Parilli, quien refiere que de acuerdo con los casos elevados a tribunales, de cada 10 inmuebles alquilados, aproximadamente uno concluye en un proceso de desalojo.

Las razones, expone, es que además de una relación arrendador-inquilino apropiada, la actual Ley estipula plazos dentro de los cuales las partes resuelven el conflicto y se evita la salida forzosa.

A su juicio, viabilizar la eliminación de los desalojos es una medida populista que “romperá el equilibrio económico contractual”, ya que además de acabar con la oferta de alquileres, se le estará diciendo, por ejemplo, al inquilino con problemas económicos, que no cancele el arriendo.

En picada
En mayo pasado, el presidente de la República pidió una norma que permitiera la venta de inmuebles alquilados a quienes tuvieran más de 20 años arrendados y a partir de allí, la AN puso en agenda incrementar los controles en el mercado inmobiliario, al elaborar una Ley de Preventa de Viviendas y reformar la Ley de Arrendamientos, en la cual se contempla regular los desalojos forzosos.

En la legislación vigente los propietarios de inmuebles pueden solicitar los desalojos: cuando los inquilinos hayan dejado de pagar dos mensualidades, los dueños necesiten las viviendas para parientes, que la propiedad sea objeto de reparaciones y que los arrendatarios hayan causado destrozos o cedido los contratos de alquiler.

De acuerdo con Anauco, la ocurrencia de desalojos es mínima, salvo que se trate de inmuebles invadidos, donde la violación de la propiedad privada es la que lleva a la expulsión. Agregó León Parilli que conocen que los tribunales “han recogido un poco las medidas de desalojo” a la espera de la nueva Ley.

Según la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, actualmente el mercado muestra una dramática reducción de la oferta de viviendas para alquiler, pues de todas las operaciones del sector, 94% corresponde a venta de inmuebles, y apenas 6% a arrendamientos. Aunque Anauco cree que los desalojos son medidas de ocurrencia marginal, el vicepresidente de la AN, Darío Vivas, ha señalado que los desalojos forzosos han afectado a 500 mil familias, pero sin precisar dónde y cuándo se han presentado.

Para evitar los desalojos, el ministro para la Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, indicó que ese despacho realiza mesas de trabajo para elaborar mecanismos a corto plazo (decreto o resolución) y a mediano plazo con la adecuación de las leyes. Destacó que la vivienda es un bien social y no una mercancía, por lo que van “a sincerar el tema,
porque es seguridad social”.

Parilli señaló que Anauco desconoce la existencia de desalojos masivos en el país, y sugirió que en lugar de suspender esta medida que sirve para salvaguarda la propiedad, se flexibilicen más los plazos y pasos que se siguen para provocar la salida de los inquilinos. El déficit habitacional, dijo, no se resolverá “quitándole” la propiedad a la gente.

Lenta construcción
Los gremios inmobiliarios calculan que el déficit habitacional del país es de 2,5 millones de viviendas. Reportan una caída de la construcción, al registrarse el descenso de 60% de los permisos para edificar en el primer trimestre de 2010, frente al mismo lapso de 2009.

40 por ciento es el descenso del mercado de alquileres en los últimos 4 años. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela reporta que el congelamiento del arrendamiento por 7 años en viviendas construidas hasta 1987 y la inseguridad jurídica mermó la oferta.