El Universal 30-03-11

Roberto Orta Poleo, presidente de Apiur, considera que en los términos como está concebido el anteproyecto reduce la oferta de viviendas en alquiler.

Caracas.- La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) solicitará ante la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional participar en la redacción del informe final de la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Roberto Orta Poleo, presidente de Apiur, considera que en los términos como está concebido el anteproyecto reduce la oferta de viviendas en alquiler. "Una Ley de Arrendamiento que ya contiene una amenaza de expropiación va a crear que la gente se abstenga de alquilar", advirtió.

Propuso que se haga una consulta nacional para discutir la ley, por considerar que la propuesta que fue enviada a la Comisión de Administración y Servicios no toma en cuenta el enfoque de otras regiones, sino de Caracas.

Al sector le preocupa que la ley establece una prórroga arrendaticia que mientras el Estado no consiga una vivienda no se puede desalojar a un inquilino, independientemente de que haya una decisión de un tribunal o esa familia haya incumplido las normas.

En el fondo lo que se plantea, destaca Orta Poleo, es confiscar la propiedad alquilada. "Es una política de Estado contra la propiedad privada, porque si usted quiere recuperar la propiedad, incluso con una decisión de un tribunal, no se puede ejecutar mientras el Estado no consiga una vivienda para reubicar a esas personas", declaró a El Universal.

Cuestionó que la fórmula de regulación de precios en todo tipo de venta de propietarios a inquilinos no toma en cuenta la ubicación del inmueble, así como los bajos márgenes de rentabilidad establecidos al punto que limita a los propietarios la cancelación de los gastos propios del inmueble.

El presidente de Apiur criticó también que la implementación de una ley contra los desalojos arbitrarios, como se pretende desde el Ejecutivo, ya que inhabilita al Poder Judicial en la ejecución de su propia sentencia. "La obligación de la vivienda es del Estado y no de un particular. El Presidente no tiene facultad para aprobrar ese tipo de leyes", agregó.

Con respecto a la definición de propiedad familiar, Orta Poleo señaló que no es más que un tipo de propiedad social que no está contemplada en la Constitución, que solo garantiza la posesión del inmueble pero no su disfrute, ya que no se puede vender aún cuando una familia tenga la necesidad de mudarse a otra ciudad o a un lugar más amplio.