El Universal 15-10-11

En la AN se espera concluir la discusión del texto el próximo martes.
Los propietarios de inmuebles creen que el texto tendrá efectos nocivos .

La aprobación del proyecto de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios se acerca a la recta final en la Asamblea Nacional y la forma como ha quedado redactado su contenido sigue despertando inquietud entre los propietarios de inmuebles dedicados al alquiler.

Para el próximo martes, 18 de octubre, se espera que los parlamentarios terminen la discusión de esta ley que cambia los términos de la relación entre arrendadores y arrendatarios.

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) colocó en su página Web las razones básicas por las que rechaza este proyecto de ley, entre las que destaca la aplicación excesiva de controles.

Al respecto se indica que se convierte el arrendamiento de viviendas "en un trámite burocrático".

Apiur indica así que es su obligación difundir los nocivos efectos que tendrá el proyecto de ley, haciendo un llamado público al Presidente de la República y a los diputados oficialistas a que reconsideren y corrijan el texto.

Argumenta que "se han creado todas las trabas y subterfugios procesales para hacer imposible la recuperación de la vivienda alquilada, por más noble que sea la razón del propietario para recuperar su vivienda, ratificándose además a la Ley contra los Desalojos Arbitrarios, promulgada sin facultades especificas por el Presidente de la República por la vía Habilitante, la cual bloquea cualquier sentencia judicial favorable al propietario hasta que el Estado le consiga una vivienda al inquilino saliente, por lo que ninguna sentencia será aplicable".

Cuestiona, entre otras cosas, que se establecen multas solo para los propietarios, revelando el carácter punitivo y discriminatorio de la ley. "Además en el artículo 138, se estrena un nuevo tipo de expropiación por reincidencia en tres multas, lo cual desnaturaliza a la figura de la expropiación constitucional de la expropiación por causa de utilidad pública e interés social, convirtiéndola en una herramienta de castigo y obligado al Estado a pagar expropiaciones no beneficiosa para la administración pública y sin utilidad para la Nación".