EL Nacional 27-09-11

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos solicitó que la congelación de alquileres, el oficio del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe las desocupaciones y el decreto−ley contra los desalojos arbitrarios sean revocados cuando se apruebe el proyecto de ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas. La organización reiteró su rechazo al marco legal, cuya segunda discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional empezó la semana pasada y continua hoy.

"Es completamente diferente al aprobado en primera discusión por el Parlamento y no toma en cuenta la mayoría de las observaciones del sector de arrendadores", dijo Raimundo Orta Poleo, coordinador nacional de Apiur. Consideró, sin embargo, que sería un exabrupto que después de la aprobación de la legislación no se revoquen las normas anteriores. "¿Qué sentido tiene que la Asamblea Nacional apruebe, por ejemplo, un método para fijar los cánones de arrendamiento ­con el cual tampoco estamos de acuerdo­ si la congelación seguirá vigente?", preguntó. También carece de sentido, según Orta Poleo, que el proyecto de ley no reglamente todo lo relacionado con los desalojos de inmuebles arrendados, sino que remita al decreto inconsulto publicado por el presidente Hugo Chávez. "Previo a las demandas judiciales por desalojo y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias, el procedimiento administrativo que será aplicado es el establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas", dice el artículo 88. Sentencia de muerte. Orta Poleo ratificó que la aprobación del proyecto de ley en los términos propuestos por la Comisión de Administración y Servicios Públicos acabará con el mercado de alquileres en Venezuela, bastante reducido por la congelación de los cánones y otras medidas aplicadas en los últimos años. Criticó que la fórmula propuesta para determinar el valor de los inmuebles no incluya factores como el precio de adquisición (sólo toma en cuenta cuánto costaría construirlo actualmente), la ubicación geográfica y los servicios disponibles. También rechazó que se amplíe la regulación a todos los inmuebles.