El Tiempo 24-08-10

Tras la petición del jefe de Estado, de acelerar la aprobación del texto legal que convierte en dueños a los inquilinos, el presidente de la Asociación de Propietarios de Muebles Urbanos, Roberto Orta, consideró que la norma no debe obligar a vender unidades habitacionales

CARACAS.- La petición presidencial de “acelerar” la aprobación de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, no deja margen de maniobra al mercado de alquileres. Así lo reconoce la Asociación de Propietarios de Muebles Urbanos (Apiur), agrupación que propone otorgar descuentos especiales a los arrendatarios para adquirir las viviendas que habitan, en lugar de “obligar” a los propietarios a vender o “ejecutar expropiaciones”.

El presidente de Apiur, Roberto Orta, rechazó la propuesta que evaluará el parlamento, que además de promover la eliminación de los juicios por desalojos, permitiría la venta de la propiedad a las familias que tienen más de 20 años pagando alquileres.

“Esta reforma, terminaría prácticamente con la disposición de la propiedad alquilada”, indicó Orta al precisar que una salida sería estudiar el precio de las viviendas arrendadas, de manera que aquellos inquilinos de vieja data, tengan acceso a un “descuento” según la cantidad de años de habitabilidad de la unidad.

En la cola legislativa
El pasado jueves, el presidente Hugo Chávez pidió al vicepresidente de la AN, Darío Vivas, apurar la sanción de la Ley de Arrendamientos para favorecer a la clase media. Este instrumento legal, fue aprobado en primera discusión hace varias semanas, y de acuerdo con Vivas busca convertir en propietarios a las personas que llevan más de 20 años viviendo alquiladas. Igualmente se estudia que parte de los cánones de arriendo cancelados hasta un determinado momento sean considerados como inicial de optar a la compra de la vivienda.

El diputado Vivas señaló que con la Ley se eliminará la “especulación y los desalojos”, por lo que no descartó que se discuta en sesiones extraordinarias (antes del 15 de septiembre).

Adelantó que iniciarán en la brevedad posible la revisión y el proceso de consulta para determinar los cambios que permitan proteger a los inquilinos y a los propietarios.

Para Orta, el texto legal debe ser sometido a un debate amplio, que permita entregar una reforma que beneficie a ambas partes (arrendatarios y propietarios), y no afectar alguna de ellas. Sugirió que se podrían crear planes crediticios especiales para concretar las adquisiciones, pero fustigó que se viabilice la expropiación u obligación de venta.

La postura de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela no es diferente. Aquiles Martini, su presidente, advirtió que la norma agravará la disponibilidad de viviendas para alquiler. Precisó que la eliminación del cobro del IPC, escasez de materia prima y congelamiento de tarifas mantienen la oferta de construcción y arriendo reprimida, al punto que actualmente apenas 6% de las operaciones inmobiliarias corresponden a trámites de alquiler.

Congelamiento
Desde el año 2003, el gobierno mantiene congelados los alquileres que están bajo regulación. La Cámara Inmobiliaria precisa que mientras en 1998 de cada 100 viviendas en el mercado, 40 se alquilaban; en 2009 de cada 100 unidades en oferta, apenas 6 se arrendaban.

20
desalojos
diarios se producirían en la zona metropolitana de Caracas, según Orlando Lezama, representante de Clase Media Socialista. Esta cifra fue reprochada por la Cámara Inmobiliaria, la cual dice que de cada 10 viviendas alquiladas, apenas una es sujeta a desalojo.