En Oriente 05-03-11

De aprobarse el proyecto de Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios en la forma fraccionada y populista como ha sido redactado, se contraerá más el alquiler de viviendas, el cual con una legislación equilibrada, que los venezolanos merecemos; con reglas claras, donde el Estado asuma también su compromiso, puede convertirse en alternativa para acceder al techo digno. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini Pietri, dijo que si prospera la iniciativa el único gran perdedor será el ciudadano, las familias que no tendrán opción donde vivir si  el  alquiler colapsa.

El dirigente expresó que el gremio ha solicitado a los diputados de la Asamblea Nacional retomar el proyecto de reforma parcial de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI), estudiado entre las partes en el lapso 2007-2009, porque el actual instrumento, elaborado unilateralmente ignora a los propietarios, a la relación arrendaticia, favorece al inquilino, y es atentatorio contra los atributos de la propiedad, el derecho al disfrute y a la disposición del bien. Crea un procedimiento de desalojo de la propiedad, que busca la lentitud de los procesos con 5 instancias, 2 administrativas y 3 judiciales, que perpetuará al inquilino en el inmueble alquilado.

-El proyecto presentado por la denominada Red Metropolitana de Inquilinos carece de los elementales principios de las leyes: igualdad, equidad, y participación. Aquí se quiere traspasar la responsabilidad en vivienda al sector privado y a pesar de ser declarado el alquiler “como de interés público, social y colectivo”, no vemos al Estado construyendo edificios para el alquiler, ni estimulando este segmento como ocurre en otros países, donde gobiernos, empresarios e inquilinos actúan en sociedad.

-Irónicamente, en Venezuela se sataniza a los propietarios, se les excluye de un proyecto que les atañe, se les discrimina y se les condena sin derecho a la defensa. Las sanciones son exclusivamente para los dueños de los inmuebles, mientras se privilegian hasta las faltas contractuales de los ocupantes, creando anarquía y una ola de invasiones.

-No estamos en contra del derecho de los venezolanos a optar por un alquiler digno, pero este proceso debe concatenarse a través de una relación contractual de equidad que concilie los intereses de inquilinos y propietarios, sin artificios controladores como el censo obligatorio de todos los contratos, lo que se traduce en que el Estado podrá perfectamente realizar un levantamiento de cuáles inmuebles están dados en arrendamiento, y quienes son los propietarios y arrendadores. Esta figura creada en el proyecto en cuestión genera suspicacia, pues pareciera que el objetivo final es la expropiación, y el censo servirá perfectamente para ello, precisó.

Agregó el presidente de la CIV que las contradicciones en el texto y las indeterminaciones conceptuales se habrían obviado de haber sido abordada la materia en forma plural con la participación de todos los actores involucrados. También se hubiera omitido el carácter inconstitucional que es reiterativo, como en el Art. 121 que puede perpetuar la ocupación del inquilino en proceso de desalojo si no tiene donde mudarse, desdeñando el derecho que asiste al arrendador de recuperar su vivienda, fruto de su patrimonio individual. Igualmente, los Art. 141 y 161 son violatorios a los derechos del propietario. El primero somete a regulación de precio de venta a todo tipo de inmuebles ya fueren de lujo, locales comerciales, viviendas, oficinas, galpones, en situación de arrendamiento, y el segundo condena a la expropiación de su inmueble al arrendatario que haya incurrido en faltas reiterativas determinadas discrecionalmente.
-Nos preguntamos: por qué esa excesiva protección únicamente al inquilino de la ciudad formal? ¿Dónde están las medidas de amparo para las familias que sobreviven en los barrios? No tienen asistencia jurídica y es donde más se vulneran los derechos de los inquilinos día a día, porque no hay información sobre procedimientos legales para el contrato o el desalojo.

La Cámara Inmobiliaria propone una ley seria para todos, incluyente y no excluyente, que concilie posiciones, como el Proyecto de Reforma Parcial de la LAI que reposa en la AN, y además que dentro de una política de Estado se aborde el desarrollo sostenido del mercado del alquiler, con reglas claras, a la luz de las experiencias internacionales y del boom vivido en Venezuela en los años 60.
-De mantenerse este esquema de reformas la vivienda en arrendamiento puede desaparecer, y se estará quitando a las familias la primera oportunidad que tienen de fundar un hogar. Hay que conjugar las mejores propuestas de los entes involucrados y de los venezolanos que quieran sumarse haciéndonos eco al llamado del Jefe de Estado a participar todos en la solución habitacional. Es preciso estimular inversiones, tanto públicas como privadas, hacia la construcción de viviendas dirigidas al alquiler, con garantías jurídicas, y un clima propenso a la promoción de un vigoroso mercado de arrendamiento, puntualizó Aquiles Martini Pietri.