El Aragueño 07-04-2011

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela presentó este jueves sus propuestas respecto al proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, que serán consignadas ante la Asamblea Nacional.

Aquiles Martini, presidente de la CIV, aseguró que con esta ley se estaría desaprovechando una oportunidad para reducir el déficit de viviendas al no incentivar el arrendamiento, una vía para ofrecer soluciones a los damnificados.

Especificó que el establecimiento de límites en el número de viviendas por conjunto habitacional que pueden ser alquiladas, y la excesiva regulación gubernamental, ahuyentan a quienes invierten en el arrendamiento.

Igualmente, lamentó que la normativa premia a los inquilinos que no cumplen con los contratos y no brinda garantías de resguardo de propiedad a los dueños de las viviendas.

Ante este escenario, la CIV propone políticas que incentiven el arrendamiento, además de la aplicación de descuentos a quienes habitan en viviendas alquiladas dentro de edificios con cierta antiguedad.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, Francisco Gruyn, alertó que el sector de alquileres se ha reducido en 90%, y advirtió que, de aprobarse este proyecto de ley, podría contraerse aún más.

Otras agrupaciones, como la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) también han presentado sus observaciones a este proyecto de ley ante la AN.

Centralización

En la carta enviada por la CIV al parlamento, se especifica que la centralización de todas las funciones relativas al alquiler de viviendas en manos de la Dirección Nacional de Inquilinato ralentizará todos los procesos.

Igualmente, se solicita la agilización de la permisología y requisitos para alquilar viviendas de vieja data, para de esta manera facilitar los procesos y lograr que más personas cuenten con soluciones habitacionales en menor tiempo.

Relación arrendador-arrendatario

En el documento también se alerta sobre la alteración de la relación entre arrendador y arrendatario, al incluirse en el ámbito de las negociaciones a conserjes, consejos comunales y otras asociaciones.

También se solicita el respeto a la temporalidad de los contratos de arrendamiento, basada en el derecho de los propietarios a disponer de sus inmuebles.

Por último, se pide diferenciar los desalojos arbitrarios de los desalojos forzosos, ya que estos últimos se dan por le reiterado incumplimiento de pagos o condiciones por parte de los inquilinos.