El Tiempo 19 07 10

Al presidente del organismo que agrupa a los constructores de viviendas, Aquiles Martini, no le cabe duda de que la aprobación de la modificación a la Ley de Arrendamientos terminará de extinguir lo poco queda de oferta habitacional para rentar. La legisladora Laura Valls (PPT) denuncia que la Vicepresidencia de la AN alteró la propuesta acordada en primera discusión

REGULACIÓN. Desde 2003 está vigente la congelación de alquileres para inmuebles construidos antes de 1987
Caracas.- En 2009, del total de operaciones realizadas en el mercado inmobiliario venezolano, 94% fueron de compra-venta de inmuebles y apenas 6% de alquiler.

Este año, según advierte el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Aquiles Martini, hasta ese ínfimo 6% de arrendamientos puede quedar reducido a cero. La causa: un proyecto de reforma de la Ley de Arrendamientos cuyos términos, en opinión del sector privado, completan el cerco conformado por diversas disposiciones gubernamentales (congelamiento de alquileres, entre otras) y una severa caída de la actividad de la construcción.

La modificación legal, anunciada en 2007, dio un viraje hace apenas unas semanas, cuando los diputados Luis Gamargo y Darío Vivas, integrantes de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), confirmaron lo que hasta entonces era sólo un rumor: el parlamento considera, para la segunda discusión de la mencionada reforma, prohibir los desalojos forzosos y habilitar la revisión de los contratos de arrendamiento. Y no sólo eso, sino que también se dispone obligar a los propietarios de inmuebles alquilados por más de 20 años a vender al inquilino y a aceptar, como cuota inicial, el monto cancelado por éste durante todo el tiempo de la relación de arrendamiento.

En alerta

La pretensión legislativa, abanderada por la mayoritaria bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), encendió la alarma en la CIV, cuyo presidente cuestionó que desde el Ejecutivo se prometa estímulo a la construcción de viviendas para la venta y el alquiler, mientras el parlamento plantea una reforma que “eliminará de un plumazo” el mercado de renta.

“No se puede solucionar el déficit habitacional quitándole la propiedad a otro”, adujo Martini en respuesta al eventual ajuste legal.

El hecho es que desde el año pasado, el sector inmobiliario está sometido a cambios en las reglas de juego.

La nueva oleada jurídica se inició en junio de 2009 cuando se publicó la resolución que prohíbe el cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) o ajuste por inflación en los contratos de preventa.

A esto debe sumarse la referida reforma de la Ley de Arrendamiento, así como el inicio del proyecto de Ley de Preventa de Viviendas en Construcción. En esta última se precisan los parámetros de los contratos de preventa y se ordena a las constructoras que, antes de iniciar el proceso de comercialización de los inmuebles, hagan una notificación al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis).