Diario La Nación 19-08-11

Para el diputado de la Asamblea Nacional, Gabino Paz, el proyecto de Ley de Inquilinato, por aprobarse en los próximos días, "viola principios constitucionales y, sin duda alguna, es de carácter populista y demagógico, antiprogresista y antiinversión, ya que busca beneficiar a un sector de la población, pero terminará eliminando la posibilidad de arrendamiento de casas o apartamentos en el país, por acorralar a quienes poseen propiedades para tal fin".

---Hemos visto cómo el Gobierno nacional, de manera anárquica ha pretendido establecer una tabla de valoración de los bienes e inmuebles que no tiene razón alguna, ya que el fundamento principal está en los años de servicio del inmueble, indiferentemente de la zona donde este se encuentre. Es decir, pudiese costar una casa que data de 20 años en Colinas de Pirineos, lo mismo que una vivienda nueva ubicada en Puente Real, debido a que le dan prioridad a los años de construcción del inmueble y no a las condiciones y la zona donde esté el mismo--- dijo.

Adicional a esto, se han violentado factores que garantizan la propiedad privada del titular del inmueble y sobre todo garantiza la relación en un contrato, que debe ser a dos partes para que se cumplan las condiciones. Primero obligan a que cualquier contrato de arrendamiento tenga tres años de duración y que en ese lapso no se revise el canon de arrendamiento. También eliminan el depósito, como una de las garantías del cumplimiento del inquilino con el arrendatario; y desaparece la figura del desalojo, medida judicial que pudiese garantizar que se cumpla determinado contrato".

--- Dejan desposeídos totalmente a los propietarios de los inmuebles. No quedará otra alternativa a quienes posean algunos bienes que venderlos o negarse a alquilarlos, ante esta desventaja e indefensión en la cual han colocado a miles de personas. Al final de cuentas, la desaparición de este tipo de garantías traerá como consecuencia que el pobre o la gente de clase media que necesiten un inmueble en alquiler no lo conseguirán porque nadie lo querrá arrendar--- destacó.

De paso, señaló el parlamentario, "vemos con preocupación cómo la comisión que lleva el instrumento se ha negado a discutir el tema, porque se ha limitado a recoger opiniones en sectores que le favorecen a ellos, incluso se ha negado a los medios de comunicación el ingreso a la comisión cuando se discute la misma".

--- Asimismo, se obliga a las empresas constructoras a que 25% de los inmuebles que construyan deben dejarlos para alquiler o arrendamiento. Creen que con eso sustituirán la oferta, que bajará por la eliminación de garantías a quienes ya están alquilando sus propiedades. Es falso, la consecuencia directa será la huida de la inversión privada, pues habría que ver cuál es la ganancia que puede tener un constructor de 50 casas y deba alquilar 15, los constructores no pueden dejar el porcentaje, que pudiera ser su ganancia, creando un conflicto menos en las condiciones que impone el Gobierno.

En definitiva, ratificó Paz que "esto no es más que una reacción a la incapacidad del Gobierno de responder a la población con el tema de vivienda, sobre el cual existe una deuda social acumulada en trece años y ante esto, ahora pretenden quitarles las casas a quienes las poseen y, al mismo tiempo, garantizarles a los inquilinos que se puedan quedar con el bien inmueble que pertenece a terceros", afirmó.