El Mundo 29-09-11

Entre los 20 artículos de la Ley de Arrendamiento que se aprobaron en segunda discusión en la Asamblea Nacional hasta el martes en la noche está el número 4, el cual establece en su Parágrafo Único que "la desocupación de viviendas es contraria al interés social e implica una contribución tributaria especial para los propietarios y propietarias". Para la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) "establecer un impuesto a las viviendas desocupadas constituye en una variación de impuestos al capital y la inversión".

Adicionalmente, la asociación cree que se crea el riesgo de que con altos impuestos el Estado quiera compensar los inmuebles al momento de una expropiación. Raimundo Orta, presidente de Apiur, reiteró ayer en una rueda de prensa que la aprobación de los artículos que serán incorporados definitivamente a la normativa se realiza de manera irregular, porque dejó de contar con la presencia de los representantes de los propietarios. "No nos han dejado entrar a los debates de segunda discusión. Cada artículo debería ser meditado y, si se cambia aunque sea una coma, volver a la comisión encargada, y nada de eso se está haciendo", dijo el abogado. Lo nuevo Lo que Orta califica como una "cayapa legislativa" incluye entre sus nuevas incorporaciones a las pensiones, residencias y habitaciones en el artículo 4. "Hasta ahora éstas pertenecían al renglón hotelero; los huéspedes deben pagar también por el mantenimiento, el servicio, el mobiliario y la gerencia", dijo. El abogado considera que la inclusión de los hospedajes en la ley de arrendamiento es incorrecta; porque se trata de negocios con patente o fondos de comercio, cuya ocupación es rotativa y no celebran contratos de alquiler.El abogado cree que estos negocios se irán a la ruina. "En el ordinal 14 del artículo 5 existe una gravísima violación al principio de la libertad económica, ya que establece que el canon de arrendamiento debe dirigirse a cubrir gastos por deterioro del inmueble y gastos administrativos del Estado, pero queda exceptuada la ganancia por la inversión que hace el propietario", justificó la asociación. Orta acotó que al incluir a las pensiones en la normativa no se podrá cumplir con la preferencia ofertiva en favor del arrendatario que esta misma establece. "(En el caso) de las pensiones, por estar ocupadas por varias personas, se hace imposible dividir el inmueble como propiedad horizontal", dijo. En los artículos del 16 al 20 se crea la Superintendencia Nacional de Vivienda, cuya estructura administrativa, Apiur ve como "sumamente burocrática" y punitiva; concentra en las alcaldías el control de la actividad con la facultad de imponer sanciones. "Se borra de un plumazo la experiencia de los departamentos de inquilinato de las alcaldías, a los que deberían dejar las facultades administrativas".