El Nacional 16-08-11

Casi 20 años tienen fuera de su vivienda Octavia y Janis Kleinbergs. Por razones de trabajo, el matrimonio estuvo de viaje y la forma que encontraron para no dejar la casa sola fue alquilar la planta baja a una persona de confianza. El trabajó terminó y la familia intentó regresar al inmueble; sin embargo, en los cinco meses que tienen en Caracas aún no han podido colocar un pie en el interior de su propiedad.

Desde el viernes viven en una camioneta que aparcaron a medias en el estacionamiento de la residencia. Allí pasan la noche y se alimentan con el apoyo de los vecinos, que les llevan comida. Según la pareja, la inquilina les dijo en un correo electrónico que no iba a desocupar la casa en la que ha vivido por 19 años, y alega el derecho a la prórroga que le otorga la Ley de Inquilinato, vigente desde 1999. Exige que se aplace por 3 años más el desalojo. Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, considera que situaciones como esta se presentan porque existe una "regulación desbalanceada. Hay un problema de fondo porque las nuevas leyes sobreprotegen al inquilino. Por ello, en este caso corresponde agotar un procedimiento administrativo previo". León Parilli se refiere a las audiencias de conciliación ante la Unidad de Asesoría Legal y Conciliación de la Dirección General de Inquilinato dependiente del Ministerio de Vivienda y Hábitat. Audiencias conciliatorias. En mayo se publicó en Gaceta Oficial la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas cuyo objetivo es sistematizar los procedimientos para la devolución de propiedades en alquiler. En este caso, los propietarios deben consignar ante el Ministerio de Vivienda un oficio en el expliquen sus motivos para solicitar la restitución de la posesión del inmueble. Son tres audiencias para que las partes lleguen a un acuerdo, antes de recurrir a la acción judicial. Los Kleinbergs, además de esta vía, se han dirigido a la Prefectura, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y a la Dirección General de Inquilinato en busca de soluciones. Aseguran que todos los funcionarios con los que se han topado han sido receptivos, "pero se encuentran de manos atadas". Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, opina que este proceso puede tomar mucho tiempo, y más si llegan a los tribunales. "La mejor forma de resolver la situación es que las partes concilien, pues cada uno tiene sus razones para actuar", afirmó. La inquilina. Marcela Navea es la inquilina del matrimonio Kleinbergs. Dice que llegó a pedirles una prórroga de un año para desalojar el inmueble, pero los arrendatarios se negaron. "Irrumpieron en mi casa y colocaron un candado en el estudio que utilizo como mi lugar de trabajo, y yo estoy en el derecho de defender mi espacio", dijo. El contrato de arrendamiento especifica que el alquiler corresponde únicamente a la planta baja de la vivienda. Los Kleinbergs no piden el desalojo, sino que Navea les permita vivir en una habitación en el nivel superior de la casa. El abogado de Navea, Rodolfo Rodríguez, afirma que la pareja estaba en conocimiento de que su defendida hacía uso del área y nunca se lo recriminaron: "Eso crea derecho posesorio", aseguró. Ante la irrupción de los Kleinbergs, Navea introdujo un amparo constitucional y los acusó por los delitos de violación domiciliaria, prohibición de hacerse justicia por sí mismos y perturbación de la posesión pacífica, todos previstos en el Código Penal. Para León Parilli, el manejo que se ha hecho de la regulación termina por ocasionar actos arbitrarios: "Se transforma en una fuente de anarquía, pues los propietarios quedan entre la espada y la pared".