Es preciso continuar abordando el tema de la vivienda en alquiler en virtud de la dramática situación que sufren millares de familias venezolanas que no pueden acceder a la compra de su solución habitacional, prefiriendo optar por el arrendamiento. Es un hecho que no se vislumbran planes del Estado que tiendan a ofrecer esta alternativa. La problemática se ha magnificado porque ha imperado una visión expresada en el facilismo y en la adopción de medidas que lejos de activar el mercado han contribuido a contraer la oferta y a encarecer los precios de los inmuebles...

       A todas luces el Estado pretende que sea el sector privado el que cargue con la responsabilidad de ofrecer inmuebles en arrendamiento como medida para contribuir a resolver el problema social que representa la carencia de una vivienda digna a un gran número de compatriotas. La responsabilidad social del sector privado con relación al arrendamiento de inmuebles no puede degenerar en transacciones que devienen en pérdida, porque nadie invierte para perder, y eso es precisamente lo que ha venido sucediendo por una visión equivocada de la relación propietario-inquilino que demoniza al primero y convierte en mártir al segundo.

     El Estado venezolano no ha  arbitrado políticas que estimulen el rol privado y es el responsable directo de la desaparición de un mercado vigoroso de alquileres como opción inmediata al déficit habitacional. La afectación de inmuebles sin contar con el presupuesto para compensar a los propietarios, el congelamiento de los cánones de arrendamiento desde el 2003, la carencia de planes para la construcción de viviendas dedicadas al alquiler, y la segregación del sector privado en la instrumentación de políticas de viviendas y urbanismo han terminado con la liquidación del mercado de alquileres.

     En la década de los años 60, con renovadas perspectivas de desarrollo económico, Venezuela vivió el resurgimiento de un floreciente mercado de alquileres, con la construcción de unos 5.000 edificios para ese fin. La equivocada visión de los gobiernos de turno al negarse a modernizar la dispersa legislación inquilinaria impidió un desarrollo armónico del mercado de alquileres. Al sancionarse en Diciembre de 1999 el Decreto con rango de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (LAI) se renovaron las esperanzas por un desarrollo de este mercado, esperanzas éstas que han sido truncadas por las posteriores acciones gubernamentales o derivadas del verbo de los funcionarios públicos, entre las que podemos mencionar las invasiones, ocupaciones ilegales, amenazas de expropiación, congelación del canon de arrendamiento  en abierta contradicción con lo establecido en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios sancionada por este mismo régimen.

     La LAI tuvo el mérito de aglutinar en un solo cuerpo legal una cantidad de decretos dispersos y aunque no ofrecía todas las garantías solicitadas por los propietarios para colocar sus inmuebles en el mercado de arrendamiento, produjo en los primeros años un clima de cierta quietud entre inquilinos y propietarios. A partir de 2003, cuando el gobierno decreta la congelación de precios, los dueños de los inmuebles comienzan a solicitar su desocupación y a ponerlos a la venta, ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos derivados de la administración y el mantenimiento de las propiedades.

     En el 2006 la Asamblea Nacional plantea la reforma parcial de la LAI, precisamente de los artículos que generan controversias entre las partes cuando se incumplen los contratos. Se ha pretendido presentar a los arrendadores como a una clase indolente que no se conmueve frente al drama que significa para una familia no tener donde vivir, sin considerar que se trata de un negocio legítimo como cualquier otro, que en la mayoría de los casos constituye la única renta planificada por la familia con el fruto de su ahorro. El mismo Estado como prestador de servicios públicos tales como telefonía, energía eléctrica, gas, agua, es inflexible porque actúa de acuerdo a una normativa aceptada por las partes y si el usuario incumple, se queda sin el servicio. Sin embargo pretende que, en la relación arrendaticia, cuando el inquilino incumple, no pueda ser objeto de medidas de desalojo, o retrasen éstas en términos inaceptables.

     Si la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios actualmente discutida por la Asamblea Nacional no reestablece el equilibrio que debe tener todo contrato de arrendamiento, con toda seguridad el remedio va a ser peor que la enfermedad. Se requiere en el país una buena legislación en materia de alquileres, equilibrada, con reglas claras, donde el Estado asuma también su compromiso. La falta de viviendas no es un problema exclusivo de Venezuela, y en el mundo los Estados han sido creativos en la búsqueda de vías alternas. La implantación de subsidios a la demanda de viviendas en alquiler, la creación de seguros para arrendamiento de inmuebles, los incentivos al sector privado para la producción de edificaciones dedicadas a las familias de ingresos limitados, el desarrollo de un mercado competitivo de organizaciones de mantenimiento y administración de inmuebles asequibles, y el refuerzo de alianzas entre el Estado, el sector privado, y las organizaciones no gubernamentales involucradas en esta tarea, son algunos de los caminos ya abordados.

     También está la alternativa de la Vivienda Pública de Alquiler (VPA) sistema que se impuso en Europa después de la II Guerra Mundial para dar techo en forma rápida a millares de familias que quedaron sin hogar, el cual se mantiene aún en varios países. En Latinoamérica donde existe una cultura arraigada hacia la vivienda propia no se ha adoptado como solución, pero en Venezuela, en la década de los años 30, y en Chile, en los años 70, se ensayó con el VPA, y posteriormente las edificaciones fueron puestas a la venta a sus ocupantes. España implementó en el 2004, desde el Ministerio de la Vivienda, el programa Sociedad Pública para el Alquiler en coordinación con el sector privado. Sobre este esfuerzo, las experiencias del VPA, y entre otras, la vía del cooperativismo llevada adelante con éxito en Suecia y en Estados Unidos nos referiremos en próximos artículos con el propósito de presentar opciones que puedan ser incorporadas en nuestra legislación y políticas de vivienda, demostrando que las cargas sí se pueden compartir sin perjudicar la propiedad individual.