El Nacional 22-01-10

El anuncio presidencial de arrendar casas para los damnificados acentuó el descenso. "Este sector está en riesgo de desaparecer", señaló Aquiles Martini, presidente de la cámara inmobiliaria

En 1998, antes de que Hugo Chávez asumiera la presidencia, las viviendas en alquiler representaban 40% de la oferta del mercado inmobiliario. A lo largo de su Gobierno ha sufrido una fuerte contracción y actualmente sólo está disponible 5%, lo que significa que se redujo 8 veces.

El presidente de la Cámara de Bienes Raíces, Felipe Martínez Cova, explicó que la drástica caída obedece principalmente a la congelación ininterrumpida de los cánones de arrendamiento, vigente desde el 30 de noviembre de 2002. El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, aseguró que la reducción del sector de alquileres será mayor por las recientes medidas en materia inmobiliaria y construcción que anunció el jefe del Estado.

"Después de que el Presidente dijo a finales de 2010 que alquilaría inmuebles para atender a los damnificados y que pagaría `precios justos por las edificaciones’, el número de viviendas en arrendamiento bajó mucho más. En promedio, los periódicos publicaban todos los días entre 300 y 400 ofertas de viviendas para rentar, luego de su comentario, el 28 de diciembre conté sólo 13 clasificados. Este sector está en riesgo de desaparecer", señaló el presidente de la cámara inmobiliaria.

Pero este anuncio no es el único que atenta contra el mercado. El oficio que emitió el Tribunal Supremo de Justicia el 14 de enero, en el que solicita a los jueces suspender desalojos y juicios de materia inmobiliaria, según Martini, es un nuevo obstáculo que empeorará aún más el sector de alquileres y el inmobiliario en general.

El documento expresa textualmente: "La limitación temporal de toda práctica de medida judicial de carácter ejecutivo o cautelar que recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda familiar o de habitación".

"Con esta omisión de los términos alquiler o juicio inquilinario, se entiende que el oficio ampara a invasores, conserjes o cualquier trabajador cuyo empleador le provea vivienda y a los morosos con la banca, porque las instituciones financieras quedan imposibilitadas de ejecutar hipotecas", indicó Martini.

El Movimiento de Defensa del Patrimonio Familiar alertó que los propietarios populares dejarán de arrendar ante la amenaza de que el inquilino les quite el inmueble. "Las medidas confiscatorias del Gobierno perjudican a los pobres que dice defender", dijo Alfredo Padilla, representante de la institución.

Señaló que siete de cada diez dueños de casas en las barriadas arriendan parte de su vivienda a un tercero para completar los gastos del hogar.

"Pero gran cantidad venezolanos no podrá alquilar en las barriadas tomando en cuenta que 70% y 65% del total de la población de la región capital y del resto del país viven en zonas populares", refirió Padilla.

El dirigente del Movimiento de Defensa, que agrupa más de 60 organizaciones sociales, incluyendo consejos comunales, advirtió que el presidente Chávez juega a la anarquía urbana al expropiar arbitrariamente terrenos calificados como ociosos. Recordó que el incumplimiento en la construcción de viviendas revela que el Gobierno no edificará las 350.000 unidades entre 2011 y 2012, apenas 17,5% del déficit nacional de 2.500.000 de viviendas.

Menos casas nuevas.

El presidente de la Cámara Venezolana de Construcción, Juan Francisco Jiménez, señaló que el mercado de viviendas nuevas se contrajo el año pasado 30% con respecto a 2009; y agregó que de concretarse las leyes en materia de construcción y compra-venta de inmuebles, la caída de la demanda de unidades habitacionales podría ser mayor.

Aunque no tienen cifras exactas de cómo se comportará la industria en 2011, el presidente de la cámara de la construcción afirmó que el sector puede seguir contrayéndose, si no se ponen en práctica los correctivos necesarios. "Todas estas medidas afectan la confianza de los inversionistas privados y desacelera el ritmo de construcción que traíamos hasta 2009", dijo Jiménez.

En lo que se refiere a las transacciones de viviendas usadas, Martini, indicó que si bien han mantenido su ritmo en los últimos años, los anuncios oficiales también afectan a este mercado. "La gente no sabe qué hacer. Si pone su propiedad en alquiler, corre el riesgo que la pierda con lo que establece el oficio del TSJ. Pero ofrecerlo en venta tampoco es negocio, si se concreta la ley que proyecta controlar los precios de inmuebles usados. Las operaciones en este sector podrían estancarse", expresó.

La caída en la construcción de viviendas nuevas, y la contracción en la venta de residencias usadas acentuarán el déficit habitacional. Datos del sector revelan que entre 1999 y 2008 el sector público levantó 238.328 inmuebles. Cálculos del Centro de Investigaciones Económicas, que incluyen las viviendas construidas por el sector público hasta 2010, aumentan la cifra a 296.047.