El Universal 16-05-11

La oferta de alquileres ha mermado en los últimos 12 años, al pasar de 40% en 1998 a 6% al cierre de 2010 archivo

El mercado de alquiler no escapa de la crisis inmobiliaria que atraviesa el país. Las normativas que regulan al sector desde 2003, con la congelación de los precios, y las de más reciente data, como la Ley contra el Desalojo y Desocupación Arbitraria de Viviendas, se han convertido en un caldo de cultivo que ha mermado la oferta, en momentos en que el déficit habitacional se calcula en dos millones de unidades.

Según cifras de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), la oferta de arrendamiento cerró en 6% el año pasado, cuando en 1998 oscilaba en 40%, y las expectativas para 2011 es que se reduzcan aún más las posibilidades, tras la entrada en vigencia de nuevas herramientas legales. Irma Lovera, consultora jurídica de la CIV, advierte que la clase media en general es la más perjudicada, porque es la que tiene inmuebles alquilados para complementar su ingreso, y además es la que termina recurriendo al arrendamiento porque sus posibilidades económicas no le permiten acceder a una vivienda.

Esta situación lleva a Lovera a señalar que se está "protegiendo a los inquilinos de hoy, porque los de mañana no van a existir". Su argumento es que desde el Gobierno no se está considerando el impacto de los textos normativos en la restricción de la oferta.

Derecho de vivienda

Cinco meses después de que el Tribunal Supremo de Justicia emitió un oficio mediante el cual ordenaba suspender temporalmente los desalojos, el presidente Hugo Chávez, por vía Habilitante, le dio carácter definitivo, a través de la Ley contra el Desalojo.

El texto prohíbe los desalojos forzosos. Para su ejecución los condiciona a un lapso de 180 días hábiles y si está garantizado el destino habitacional para el sujeto afectado.

Precisamente, esta situación preocupa al sector inmobiliario ya que se está condicionando la propiedad privada y no se piensa en el derecho de vivienda de los legítimos dueños.

"El derecho a la vivienda se está viendo por el ojo de la cerradura. Solamente se está viendo el derecho a la vivienda del inquilino y ¿el del propietario? Nadie lo está respetando", precisó Lovera.

La especialista inmobiliaria sostiene que dicha ley adolece del defecto de confundir los desalojos arbitrarios con los desalojos judiciales, que están ajustados a la ley.

Considera que en cualquier momento se va a tener que ejecutar un desalojo forzoso, porque existe la probabilidad de que un inquilino se niegue a trasladarse a otro inmueble aunque haya sido asignado por la Dirección de Inquilinato, adscrita al Ministerio de Vivienda y Hábitat.

Manifestaciones de violencia

La consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela teme que esta situación agrave las manifestaciones de violencia, porque los propietarios no se van a quedar resignados a que un inquilino disfrute su inmueble, sin poder hacer nada.

En este sentido, considera importante privilegiar el rol del juez, y no de cualquier otro funcionario, para preservar el respeto de los derechos humanos.

Asimismo, calificó de vital reivindicar la figura del conciliador. Señaló que su papel debe ser el de mediador ante las posiciones encontradas de las partes, en favor de llegar a un acuerdo.

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