Recordó que el pasado miércoles se llevó a cabo la primera presentación de los planteamientos u observaciones al proyecto de Reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

Comentó que se escucharon las opiniones de la Red Metropolitanos de Inquilinos, de la Cámara Inmobiliaria como sector que representa a los intermediarios en el mercado de alquiler, la Cámara de Bienes Raíces “y se nos cedió la palabra a la asociación de Propietarios para hacer algunas de las observaciones que tenemos de la reforma”.

“Existe aparentemente la apertura, por parte, de los miembros de esta comisión a escuchar a las partes involucradas en el problema inquilinario, entre ellas a los propietarios de inquilinos que hicimos determinada criticas al procedimiento que se había establecido; ya que la comisión especial inicial, presidida por el diputado Dugarte, lamentablemente, no permitió las opiniones de todos los sectores (abogados especialistas en derechos inquilinarios y de los propietarios de inmuebles); sino que solo se escuchó un sector”, recriminó el abogado.

Continuó diciendo que “aparentemente eso va a cambiar, porque no se puede enfocar el problema inquilinario como una lucha de clases como si los poderosos son los propietarios y los inquilinos no. Entre los dos sectores, propietarios e inquilinos, existen personas de todas las clases sociales. No se puede enfocar como una lucha de clases porque dentro los propietarios y dentro de los inquilinos hay personas de todas las clases sociales”.

Reiteró, por otro lado, que “a raíz de las discusiones que se dan en esta comisión debe salir una reforma de la ley, de forma, equilibrada que otorgue la protección necesaria a los inquilinos y que, por supuesto, que no menoscaben el derecho de propiedad de muchas personas ciudadanas”

Insistió que “de esta intermediación de la mesa técnica, ya prometida por los miembros de esta comisión debe surgir una ley equilibrada que proteja el derecho social de la vivienda; pero, que también proteja el derecho a la propiedad privada, al igual que el derecho a la vivienda, establecida en la Constitución nacional”.

Concluyó diciendo que esperan lograr “un procedimiento equitativo y justo para ambas partes y que, a raíz de eso, se fomente más bien la oferta de la vivienda en alquiler y no el acabar con el mercado de alquiler que viene a ser una de las soluciones de las crisis habitacional”.