Diario de Guayana, 17 de Julio de 2011

El panorama del inquilinato en Venezuela ha cambiado, cada vez surgen nuevas normativas para evitar el abuso contra los arrendatarios de inmuebles, es decir, la persona que alquila un lugar. Sin embargo, varias instituciones vinculadas a este tema se preguntan ¿quién le ofrece seguridad al Propietario?

Un estudio realizado por la ingeniera Rosalinda Bruzual, representante de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana (CIM), indagó cuántas viviendas en alquiler existían en el Área Metropolitana de Caracas antes de que el Gobierno tomara ciertas medidas. Para ello uso la base de datos de periódico El Nacional, tomando como referencia la sección de clasificados. Los resultados obtenidos por la especialista indican, que la oferta de inquilinato ha venido disminuyen paulatinamente con la implementación de medidas y promulgaciones de leyes por el Estado.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), maneja cifras que señalan que la oferta de arrendamiento en el año de 1998 oscilaba en 40%; mientras que el año pasado, cerró en 6%, lo que disminuye las expectativas para 2011 de tener mejores posibilidades.

En el marco legal

Tras la entrada en vigencia de nuevas normativas legales, el Observatorio de Investigaciones Jurídicas, Económicas y Sociales (Ovijes) ha estado desarrollando la Jornada nacional de actualización de derecho inquilinario e Inmobiliario, con el fin de abordar temas como la Ley contra el desalojo y la ocupación arbitraria de viviendas, Ley del régimen y propiedad de la Gran Misión Vivienda, La resolución que congeló los alquileres y su renovación en el tiempo y  desarrollar un debate sobre el proyecto de Ley para la regulación y el control de los arrendamientos de viviendas.

El día de ayer se realizó esta conferencia, en el salón de eventos del Hotel Howard, la cual contó con las exposiciones de la doctora Irma Lovera de Sola, consultora jurídica de la Cámara Inmoviliaria de Venezuela, y el doctor Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios Urbanos (Apiur).

Algo más que estadísticas

Con más de 35 años de experiencia en legalidades de arrendamiento, la doctora Irma Lovera, consultora jurídica de la CIV, explicó que con las medidas que se han tomado,  la más perjudicada es la clase media en general, debido a que el alquiler de inmuebles para ellos es un ingreso, que complementa el salario.

Por otra parte, destacó que ante la crisis habitacional que vive el país, no todos tienen el poder adquisitivo para comprar una casa de contado y terminan recurriendo al arrendamiento como una alternativa de vivienda.

La representante de CIV dijo que ve con preocupación que los propietarios tengan miedo de poner su inmueble bajo un convenio de arrendamiento. Asimismo, reconoció la necesidad de darles respaldo a los arrendatarios, llamados inquilinos, pero también, de ofrecerle un respaldo legal, con el cual los propietarios se sientan amparados para arrendar sus bienes.

Deficiencias legales

Hablando del contenido de la Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, decretada en la Gaceta Oficial número 39.668 del 06 de mayo de 2011, el doctor Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios Urbanos (Apiur) indicó que uno de los artículos que genera mayor intimidación entre los propietarios de inmuebles es el número 13, el cual establece las condiciones para la ejecución del desalojo.

En tal sentido, Orta hizo énfasis en la parte final que expresa “en todo caso, no se procederá a la ejecución forzosa sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona”.

La situación del déficit habitacional se está complicando “en parte, por la poca inversión del estado en esta materia, pero también, porque las medidas de regulación ofrecidas por el gobierno están atemorizando a los propietarios y disminuyendo la oferta de arrendamiento” señaló en vocero de propietarios urbanos.

Por su parte, Orta reconoció que es necesaria la regulación de los estatutos de arrendamiento, “pero tampoco puede pretender lanzar a la quiebra al sector inmobiliario, con esa medida de mantener congelados los alquileres y su renovación en el tiempo, la cual ya tiene 8 años”.

“Tienen que tomar en cuenta que la inflación ha incrementado casi en un 300% y no puede ser que un inmueble en ves de representar un ingreso para el propietario, este representando perdidas”, dijo el presidente de Apiur.

En su ponencia Orta explicó que los marcos legales establecen los mecanismos para manejar los diferentes casos de inquilinato, como es la Dirección de Inquilinato, regida por el Ministerio de la vivienda. Pero resaltó, que en la práctica “las oficinas de este ente no tienen presencia en todos los estados, por lo que sugiere que creen las oficinas o traspasen la responsabilidad a las Oficinas Municipales de Inquilinatos, las cuales existen desde hace muchos tiempo y tienen toda la experiencia en el tema”.

Planteamiento

La Asociación de Propietarios Urbanos (Apiur), dirigida por Roberto Orta Martínez, la próxima semana convocará a una rueda de prensa en la que exigirá al Gobierno la derogación y fusión de algunos artículos de la Ley contra el desalojo y la ocupación arbitraria de viviendas.

En cuanto al ante proyecto de Ley para la Regularización y el control de arrendamiento, la institución propone a la Asamblea Nacional que estudie bien la situación, antes de aprobar la ley. Por su parte, la asociación mantendrá una postura firme sobre la necesidad de ofrecer garantías a los propietarios.