El Carabobeño 08-07-10

Orta Poleo rechazó que se pretenda exponer al dueño de una vivienda como un explotador.
Un esquema de confiscación masiva al estilo cubano es lo que esconde la regulación para evitar el desalojo forzoso de los arrendatarios de apartamentos, según la disposición jurídica contenida en la Ley de Inquilinato.

Así lo considera el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (APIUR), Roberto Orta Poleo, quien advirtió que la disposición gubernamental busca imponer la “inmovilidad inmobiliaria”, violatoria del derecho de propiedad que asiste a los dueños de los inmuebles.

Orta Poleo afirmó -como lo ha venido haciendo desde hace una semana- que la preocupación es ya casi permanente entre los propietarios en el país, puesto que el control que pretende ejercerse en esta materia representa un aval a los inquilinos que quieran incumplir con el contrato de arrendamiento suscrito con quienes accedan a este mecanismo con sus propiedades.

Explicó que la medida favorece y ampara a los arrendatarios que falten a sus pagos o infrinjan daños a la propiedad ajena.

El miércoles, en la Asamblea Nacional, el diputado Darío Vivas informó que en los próximos días se definirá el esquema de regulación para evitar los desalojos forzosos, mientras simultáneamente trabajan en la reforma de la Ley de Arrendamientos.

“Esa inmovilidad inmobiliaria sería una confiscación masiva al mejor estilo de lo que fue la reforma urbana en Cuba en los años 60, cuando todos los inmuebles que estaban alquilados pasaron a manos del Estado”.

A su juicio, la propuesta legislativa atenta contra el artículo 115 de la Constitución Bolivariana, referida a la libre disposición de la propiedad privada.

En declaraciones ofrecidas al diario El Universal, advirtió que ante la gravedad de las consecuencias de lo que estas disposiciones implican, se le está dando un golpe mortal a la oferta de alquileres, las cuales desaparecerían indefinidamente. “Nadie va a estar dispuesto a alquilar una propiedad si no tiene la facultad de recuperarla”.

Para expresar éstas y otras preocupaciones, solicitaron una audiencia al diputado Darío Vivas, primer vicepresidente de la AN. Orta Poleo rechazó que se pretenda exponer al dueño de una vivienda como un explotador, “si alguien construyó una propiedad, y en un momento determinado no la está usando y se la cede a otra persona en alquiler es totalmente justa la remuneración de la persona que ocupa temporalmente”. (IA)