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La Ley Diosdado Imprimir
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Miércoles, 26 de Octubre de 2011 07:18

Aporrea.org Fecha de publicación: 19/10/11
Por: Jorge Ramírez

La mamá de Leotardo en Quibor, mujer comprometida cien por ciento con el “proceso”, militante de base de un colectivo que agrupa a centenares de partidarios del Presidente Chávez, decidió no construir en el patio lateral de su casa un anexo para uso residencial, estas fueron sus razones “ La Ley de Diosdado acabó con los alquileres, yo pensaba invertir mis ahorros construyendo unas habitaciones, con sus áreas de comedor, cocina y su bañito, pero ahora ni de broma, prefiero construir un localcito comercial. El problema de esa Ley es que pone a pelear a pobre contra pobre y yo no quiero tener inconvenientes con nadie, yo soy pobre pero en la Ley todo el que tenga una vivienda alquilada lo pasan a rico.”


Esta opinión de una mujer revolucionaria parece encontrar acomodo en el criterio de un sociólogo graduado en la UCV   quien sostiene el siguiente criterio:” La Ley Diosdado introduce criterios legales totalmente contrarios al criterio colectivo sobre la estratificación social y su distribución urbana, me explico, si algo puede servirnos para determinar las clases sociales en Venezuela es el proceso de su  agrupación urbana, así tenemos que dependiendo de su ubicación dentro de los espacios urbanos podemos ubicar la pertenencia de cada familia dentro de los estratos sociales, por supuesto que esto tiene sus rangos de error, pero este acople entre urbanismo y clase social  tiene soportes materiales muy sólidos.

Esta distribución urbana y su relación con los estratos sociales, algo aceptado consensualmente, también se convierte en una tabla para la fijación de precios de los inmuebles ubicados según cada espacio urbano en particular y su relación con el estrato social respectivo. Desde una óptica de idealismo humanista, de moral religiosa o cosmovisión comunista, esta distribución de la sociedad en estratos o clases es injusta, pecaminosa o contraria a la dignidad humana, pero lo cierto es que esta forma de organizarse y funcionar la sociedad es la que garantiza el desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas, sobre todo en el área de la producción de bienes, debida cuenta que a lo largo de miles de años se ha demostrado que la libertad de iniciativa y los estímulos económicos son la base fundamental, imprescindible, para la generación de los bienes materiales que requiere la sociedad para su supervivencia. En Venezuela esta protección a los estímulos y la iniciativa económica está garantizada en la Constitución cuando se protege la propiedad privada, expresión fáctica de estos principios productivos, convicción que de manera reiterada observamos al leer las encuestas que informan de un 80 por ciento de rechazo al sistema comunista y un  respaldo del mismo nivel a una Democracia con justicia social. Democracia que tiene como pilares principales, aquí y en todas partes del mundo, al policlasismo y la economía de mercado.

Precisamente es la vivienda la columna vertebral del proceso de consolidación económica de las clases medias y las clases populares en Venezuela, la vivienda constituye en la gran mayoría de casos el activo de capital más importante de la inmensa mayoría de venezolanos. Ahora bien al estipular un precio indiscriminado a estas viviendas la Ley Diosdado les elimina el valor de mercado, las deprecia y congela su precio de espaldas a  una inflación crónica. Y es que el precio a las viviendas alquiladas que establece esta Ley instituye  no solamente una intervención legal sobre los inmuebles afectados, sino que incorpora un criterio oficial de Estado sobre el valor de estas propiedades que sirve como referencia legal de efectos universales para todas las viviendas edificadas sobre suelo venezolano. De esta forma la propiedad privada, representada en los inmuebles de todos y cada uno de los venezolanos, sufrirá una descapitalización brutal y repentina. Por eso, con la Ley Diosdado esa visión del comunismo enemigo de la pequeña propiedad deja de ser una hipótesis o una amenaza, con la Ley Diosdado se  cumplen muchos temores de la clase media que en Venezuela ha sido atemorizada por la implantación de un régimen de este tipo, porque al aplanar los precios de las viviendas, porque todas valen lo mismo independientemente de su ubicación y su relación funcional con el sistema de estratos sociales, se elimina la actual estructura y organización social en Venezuela y  con ello se consumarían los temores anunciados sobre la llegada de un sistema donde nadie tendría nada de valor y el Estado se convertiría en el gran proveedor  de los bienes esenciales para la subsistencia social.

Esto pareciera favorecer a las clases sociales con menos recursos económicos pero es solamente una apariencia porque la construcción como forma de ahorro y protección contra los procesos inflacionarios queda anulado, debido a que dichas edificaciones han sido sustraídas de la economía de mercado, se les confiere cero rentabilidad en caso de ser alquiladas y de esta forma el esfuerzo y estimulo humano para invertir en construcción como forma de ahorro queda totalmente anulado, así  se elimina uno de los esquemas mas eficientes de ahorro que tienen las clases populares. El mejor ejemplo está en la decisión que tomó la mamá de Leotardo.

Y lo más curioso de todo esto, termina su explicación el sociólogo, es que esta Ley contradice totalmente lo que ha venido pregonando el Presidente Chávez en materia de estímulos a los sectores medios de la población venezolana. Al parecer esta Ley que nació como una solución a problemas muy puntuales de Caracas se convirtió, al ser extrapolada a nivel nacional, en algo desatinado que impacta negativamente la base electoral de Hugo Chávez.”

En total acuerdo con el sociólogo se encuentra Nelson Lanz Fuentes quien escribió en Aporrea que la ley de arrendamientos es una ley mata votos, leamos un fragmento de su artículo: “ Diosdado Cabello, se convirtió así en el principal mata votos de su propia gestión .De nada valió que perdiera la gobernación, ahora el flamante diputado por el estado Monagas quisiera ganarse el primer puesto entre los mata votos que hay en el gobierno, promoviendo una ley (la de arrendamiento) que terminará de matar los pocos votos que nos quedan en la clase media y una buena parte en la clase pobre.

Esa ley, será una guillotina en el cuello de Chávez en las próximas elecciones. ¿Será que los diputados que la están proponiendo no se dan cuenta de esto? Por que a mi no me van a meter el cuentico de que es una ley propuesta por el pueblo. ¡No señor!, a otro perro con ese hueso. El pueblo, no tiene fama  de suicida. Por que una gran parte de ese pueblo también tiene, una que otra habitación en su casa para alquilar. También tiene, una casita o un apartamentico para arrendar y con este adefesio de ley ¿a quien carajo se le va a ocurrir alquilar algún inmueble?

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Anabella Jimenez Ccs 04/12

Amira Barros Ccs 03/12

Soledad Campos Tachira 02/12

Esposos Kleinbergs Ccs 08/11

Nilka Gutierrez Ccs 08/11

Eloiza Alvarez Ccs 02/11

Prohibido Olvidar.Cifras 2012

157 edificios permanecen invadidos en Caracas desde 2003 a la fecha

800 casas, terrenos y galpones permanecen invadidos en Caracas

22.000 inmuebles han sido invadidos a nivel nacional desde 1999 a 2011

188 edificios alquilados fueron expropiados en Caracas en 2.006 por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y ninguno fue indemnizado, ni adjudicado a sus inquilinos

53 edificios vacios fueron ocupados y expropiados en Caracas en 2.006, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y solo 12 fueron indemnizados y ninguno ha sido restituido a su propietario

El 2008 fue expropiado el Centro Comercial Sambil La Candelaria . Actualmente destinado a refugio de damnificados.

En 2010 fue expropiado el Edificio La Francia por orden del Presidente, y desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 comerciantes, sin indemnización por sus fondos de comercios y daños y perjuicios.

En 2010 fueron expropiados por la Presidencia de la República y desalojados arbitrariamente por las Milicias Bolivarianas, 19 estacionamientos en el centro de Caracas, sin pago a sus propietarios. Aún no han sido construídos las viviendas prometidas en los terrenos.

En 2011 decenas de pensiones turisticas en Caracas han sido tomadas por grupos con apoyo político, fomentando no pago en sus huespedes.

En 2011 poderes públicos impulsaron normativas dirigidas a minimizar la propiedad privada: Oficio del TSJ que prohibe desalojos de vivienda, Ley contra Desalojos, Ley de Arrendamientos de Vivienda, Ley de Propiedad de Viviendas y Ley de Emergencia de Viviendas y Terrenos


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