El Mundo 18-01-11

1,5 millones de propiedades están alquiladas actualmente en todo el país, según estimaciones de Apiur.

El pasado sábado 8 de enero el presidente Hugo Chávez dio luz verde, en el marco de la Habilitante, para que se prepare un decreto-ley dirigido a frenar lo que denominó desalojos arbitrarios en el mercado de arrendamientos.

En acto en el que se encontraba, junto a inquilinos de todo el país, le pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo hacer cumplir las normas.

Pero a menos de una semana, el pasado viernes 14 de enero, la primera de las instancias -el TSJ- se pronunció al ordenar a los jueces "con carácter de urgencia" la suspensión por desalojos de inmuebles en arrendamiento en incluso, aquellos invadidos.

Se atribuye a Luisa Estella Morales la firma del oficio de la Comisión Judicial, una acción que el máximo tribunal del país considera pertinente por la emergencia generada por las lluvias y que ha dejado sin viviendas a muchas familias venezolanas.

Pese a entender la dificultad que atraviesan algunos venezolanos afectados por las recientes lluvias, Felipe Martínez, presidente de la Cámara de Bienes Raíces, dijo que "la medida colide contra el ordenamiento jurídico venezolano y deja a los propietarios en estado de indefensión".

Martínez señaló que la medida tomada por el TSJ responde a la directriz dada recientemente por el Jefe del Estado y afecta aquellos casos que están debidamente encausados y en curso en la jurisdicción correspondiente.

El directivo de la Cámara de Bienes Raíces no cree que sea tal el número de desalojos en trámite, especialmente en el área metropolitana de Caracas, que justifique una medida como la tomada.

Destacó que la mayoría de los juicios en trámite tienen que ver con situaciones que están contempladas en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.

"La resolución trastoca los procedimientos que están en curso de acuerdo a la Ley", expresó.

En su página web, el TSJ informó ayer que, mediante oficio, se instruyó a jueces, especialmente a los ejecutores de medidas, sobre "la limitación temporal de toda práctica de medida judicial de carácter ejecutivo o cautelar que recaiga sobre inmuebles destinados a vivienda o de habitación".

El documento precisa que la decisión no debe significar la paralización de las causas en curso; ni alterará la suerte de sentencias pasadas con fuerza de cosa juzgada.

Reunión urgente

La situación que para los propietarios de inmuebles genera la decisión del TSJ es tal que ayer al final de la tarde sostuvieron un encuentro las cámaras de Bienes Raíces e Inmobiliaria de Venezuela y la Asociación de Promotores de Inmuebles Urbanos.

El sector ha venido denunciando una crítica situación a partir de la congelación de alquileres en abril de 2003 y ha advertido que se agravará con la inamovilidad inquilinaria que significa prohibir los desalojos.

La semana pasada Roberto Orta Martínez, presidente de Apiur, advirtió que la medida materializaría la confiscación de los inmuebles alquilados actualmente, pues los arrendatarios no van a pagar más las cuotas ni entregarlos cuando corresponda.

Aquiles Martini Pietri, presidente de la Cámara Inmobiliaria, dijo que ordenar la ocupación de viviendas desocupadas o de terrenos por parte de la milicia legitimaría las invasiones.

Representantes del área inmobiliaria insisten no sólo en las consecuencias para propietarios, sino para quienes recurren al mercado y encuentran una oferta cada vez más disminuida, calculada en 6% de las operaciones inmobiliarias.

De vieja data

En el año 2005, cuando Juan Barreto era alcalde mayor, arrendatarios del área metropolitana de Caracas denunciaron la ocurrencia de desalojos masivos.

Por esa época comenzó a registrarse en la ciudad capital una ola de invasiones que aún no cesa.

Las acciones a nivel municipal se han seguido anunciando y a principios de 2009, Jorge Rodríguez, actual alcalde de Libertador, hizo una promesa similar.

El tema llegó a la Asamblea Nacional, a la que los inquilinos pidieron una ley contra desalojos, a propósito del trabajo que se venía haciendo para reformar la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente desde 1999.

Ahora el balón está de lado del Ejecutivo. Los inquilinos se comprometieron a presentar un proyecto que reúna las opiniones de todos, sea debatido públicamente y en la Asamblea Nacional.