El Mundo 10-05-11

Propietarios dicen que Gobierno busca cubrir el déficit con viviendas ajenas

90 días tiene la Defensoría Pública para designar a defensores en materia de vivienda. "La Ley no significa la vulneración al derecho de propiedad; busca proteger a la familia"

Vicepresidente de la República "Al no tener que entregar una propiedad bajo ningún concepto, la gente deja de pagar"

El Gobierno ofreció y cumplió. En enero pasado el presidente Hugo Chávez anunció la promulgación, en el marco de la Habilitante, de un decreto ley contra los desalojos arbitrarios. El instrumento entró en vigencia el viernes 6 de mayo, cuando fue publicado en la Gaceta Oficial N° 39.668, que circuló este lunes.

Pero no se trata de la única normativa relacionada con el sector inmobiliario promulgada recientemente. También fueron publicados en la misma Gaceta los decretos con rango, valor y fuerza de Ley especial para la dignificación de trabajadoras y trabajadores residenciales y Ley especial de regularización integral de la tenencia de la tierra de los asentamientos urbanos o periurbanos.

Los instrumentos legales fueron catalogados de "paquetazo inmobiliario" por parte de los propietarios de inmuebles urbanos.

Roberto Orta Martínez, presidente de la asociación que los agrupa (Apiur), no duda que se trata de la imposición del modelo comunista en gotas y de eliminar la propiedad privada por la vía judicial.

"Como no tiene viviendas para entregar, debe entregar las de los demás", expresó al referirse a la actuación del Gobierno respecto a la Ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de viviendas.

De acuerdo a la exposición de motivos, con la norma el Estado busca proteger a familias de la clase media y en situación de pobreza relativa y crítica, con mayor tendencia a arrendar viviendas.

El documento señala que, dada la falta de regulaciones y controles efectivos, un numeroso grupo de familias venezolanas es presa del capricho de los propietarios y arrendadores, a quienes acusa de especular.

"Se trata de una fase de transición, de medidas adicionales de protección del derecho humano a una vivienda digna mientras se reduce el déficit habitacional en los próximos años por la decidida actuación del Gobierno Nacional".

El instrumento adjudica la crisis de vivienda al capitalismo y a las políticas neoliberales de la "cuarta república". Resalta que quienes no han podido tener una vivienda digna son obligados a aceptar contratos de arrendamiento a altos costos, a ocupar edificios y terrenos vacíos como única vía para construir sus planes de vivienda, así como a acceder a políticas crediticias especulativas y muchas veces fraudulentas.

Restringe los desalojos y la ocupación forzosa de viviendas y ordena suspender, por un lapso no menor a 90 días y no mayor a 180, los procesos judiciales o administrativos en curso. Con ello deja sin efecto el oficio emitido en enero pasado por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia que ordenó suspender los procedimientos que estaban en curso.

Crédito en riesgo

La norma establece que, previo a cualquier acción judicial o administrativa que derive en la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda principal, el interesado debe consignar ante el ministerio con competencia en materia de vivienda la solicitud de restitución de la posesión del inmueble. En el marco de ese proceso se prevé una audiencia conciliatoria, con la participación de la defensoría especializada en materia de protección del derecho a la vivienda.

El procedimiento conciliatorio no excluye que alguna de las partes recurra a la vía judicial, pero es paso indispensable antes de tomar la otra opción. En caso de que proceda el desalojo, no habrá ejecución del mismo hasta tanto no se garantice el destino de la parte afectada, lo que, de acuerdo a administradores de inmuebles, entraba la recuperación de los mismos.

Y si bien el decreto-ley condena el uso de la fuerza pública, no lo prohibe. "Se requerirá solo cuando sea estrictamente necesario". Y señala que por ningún motivo las ejecuciones podrán realizarse de noche, de madrugada o los viernes, sábados y domingos.

Orta Martínez , quien no descarta que se trata de una confiscación de la propiedad, asegura que el instrumento ampara a morosos. Y no se refiere solo a inquilinos.

Advirtió que la Ley afectará gravemente el otorgamiento de créditos hipotecarios, pues los bancos quedan sin facultad para ejecutar hipotecas.

Felipe Martínez, presidente de la Cámara de Bienes Raíces, señaló que un tema que hoy es parte del derecho mercantil y administrativo, pasa al ámbito inquilinario con el agravante de que si no hay hipoteca que ejecutar, tampoco hay garantía del préstamo.

Lamentó que no se hubiera tomado en cuenta la opinión de propietarios, en quienes reina el nerviosismo y la preocupación.

Aseguró que el golpeado mercado de arrendamientos seguirá paralizado, pues nadie se animará a ofrecer su propiedad.

Elías Jaua, vicepresidente de la República, aseguró que la norma defiende al pequeño propietario y le permite disponer legalmente de su bien.