El Carabobeño 28-06-10

Más que propuestas para reformar la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, lo que hacen los diputados Darío Vivas y Luis Gamargo son promesas electorales. La obligatoriedad de vender un inmueble con más de 20 años en alquiler sin que su dueño pueda establecer el precio son temas que no han sido tocados en ninguna de las sesiones de la comisión a cargo de la modificación.

La diputada Laura Valls, “soldado raso” de esa comisión, explicó que hasta el jueves 24 esas dos aristas de la Ley no habían sido analizadas en las sesiones que ella comandó como líder de la reforma, desde abril de 2007 hasta el jueves cuando le comunicaron que estaba fuera.

Valls minimizó las informaciones que provienen de Vivas y Gamargo al calificarlas de “declaraciones individuales”. Cree que la Ley ha sido tomada como bandera electoral. En declaraciones a medios nacionales, los diputados han indicado que el proyecto de reforma está casi listo y que incluye la obligatoriedad de vender los inmuebles 20 años después de alquileres.

“Hay que hacer una investigación previa”, aseveró Valls al analizar que tal vez algunos edificios de 30 ó 40 años, con inquilinos de antigüedad parecida, podrían ser vendidos. Pero, recalcó la necesidad de no hacer generalizaciones.

Para la Cámara Inmobiliaria de Carabobo estas propuestas le agregan más ruido a un mercado bastante contrariado. “Podrían beneficiar a cierta parte de la población, pero generando más desconfianza”, sintetizó Arturo Facchín, presidente del gremio.

Incluso la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) tampoco aprueba esas propuestas de Vivas y Gamargo. Su presidente, Roberto Orta, no quiso profundizar sobre el tema pues son temas que no han estado en las mesas de análisis, pero cree que con la prioridad para los inquilinos a la hora de la venta, se cubre este aspecto.

Facchín destacó que en este caso no sólo está bajo amenaza la propiedad privada, sino el patrimonio de muchas familias que tradicionalmente tienen como negocio el alquiler de apartamentos.

La raíz del problema

La congelación de los cánones de arrendamientos por más de cinco años no ha tenido el efecto que buscaba el Gobierno en el mercado de segunda mano. Todo lo contrario. Y allí es donde Facchín observa la solución: sincerar las rentas y sacarlas del control gradualmente, con la instalación de mecanismos de conciliación entre arrendador e inquilino, para minimizar los choques. Destacó la realización de juicios orales, como los que establece la reforma (aún no aprobada) de la Ley de Arrendamientos.

La diputada Valls, perteneciente al partido Patria Para Todos -alejado hace unos meses del oficialismo-, también criticó esa política. “Nadie la cumple”, espetó. La realidad es que ante la poca oferta de inmuebles para alquiler, el inquilino decide acordar un incremento de la renta con el dueño.

Quien tiene un edificio para alquilar, prefiere no hacerlo. Y es así cómo la oferta ha bajado y los precios han subido. Valls destacó los anuncios de prensa, cada vez más escasos, como los mejores ejemplos.

También ha disminuido la cantidad de inmuebles que se construyen para ser arrendados. Arturo Facchín maneja cifras -con números gruesos-, que indican que 99% de los proyectos habitacionales levantados en 10 años son para venta, no alquiler.

Desde la Cámara Inmobiliaria defienden el alquiler de viviendas como una solución al déficit habitacional, por lo que la diatriba actual es observada como una traba más para resolverlo.

Y en ese camino, Laura Valls destaca que para darle vivienda a los venezolanos que la necesitan, deben verse también las casas en construcción. Recordó la Ley de Preventa de Inmuebles en Construcción y recalcó la necesidad de defenderla como una herramienta para el pago de la inicial en aquellos sectores de la población que no pueden.

En este caso informó que el proyecto está pendiente de ser llevado al “parlamentarismo de calle” y que así la población participe en su conformación.

Valls sustrajo el tema del cobro del IPC (índice de inflación) y concluyó que “se hizo un problema en la medida que se retrasó la entrega de las viviendas”.

Ambos instrumentos legales siguen en una especie de limbo, mientras se acercan las elecciones parlamentarias y se acrecienta el déficit habitacional. El proyecto de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios está listo para entrar a discusión, pero ya nadie sabe si ese documento se mantendrá en el tiempo, si aguantará los vientos de la revolución.