El Universal 09-07-10
Medidas que analiza la AN impactan la disposición de los bienes

En el mercado inmobiliario se estima que los controles que fijará el Parlamento reducirán la oferta de viviendas para alquiler.
La Asamblea Nacional está buscando las vías legales para evitar los desalojos forzosos en las viviendas alquiladas, sin embargo, a juicio de abogados las medidas que se están evaluando afectarán los atributos de la propiedad.

El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta explica que las acciones que analiza el Parlamento incumplen con el artículo 115 de la Constitución, que garantiza la propiedad e indica que "toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes".

Los diputados tienen la intención de crear un instrumento legal para regular los desalojos y además preparan la reforma de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios con el fin de permitir que las familias que tienen tiempo pagando alquileres sean propietarias de las viviendas, tal como lo solicitó el primer mandatario.

Para Orta los cambios que se plantean afectan tres de los atributos y en ese contexto, explica que la disposición de los bienes queda limitada, porque a los propietarios de las viviendas alquiladas se les están condicionando las ventas de los inmuebles. Apunta que también se impactan el goce y disfrute, porque se están fijando restricciones a las personas de percibir rentas por esas propiedades.

Explica que las medidas generan una inamovilidad y "ahora nadie estará dispuesto a arriesgar su propiedad en un arrendamiento sin posibilidad de recuperar la misma. Los contratos de arrendamiento son temporales y una inamovilidad los convertiría en indefinidos lo que significaría la pérdida definitiva de la propiedad".

Además, señala que "con ese sistema los inquilinos perderán el interés en pagar los cánones de arrendamiento y el interés en comprar la propiedad".

El primer mandatario ha manifestado que aquellos que tienen más de 20 años pagando alquileres tienen el derecho de propiedad de ese inmueble, y algunos diputados han expresado que la propiedad de la vivienda se tiene que transferir.

Sin defensa

El presidente de Apiur, detalla que las medidas que se están evaluando con los desalojos de los inquilinos elimina el derecho a la defensa así como las garantías de las personas.

Considera que suspender la ejecución de cualquier medida implica la confiscación del inmueble alquilado, en beneficio de la persona que lo ocupa y convalida el incumplimiento por parte del inquilino del contrato de arrendamiento

"Si un inquilino que tiene falta de pago, que ha deteriorado el inmueble o le ha dado uso deshonesto estaría amparado por una medida de ese tipo".

Por ello, agrega que "esa inmovilidad sería una confiscación masiva al mejor estilo de lo que fue la reforma urbana en Cuba en los años 60, cuando se declaró que todos los inmuebles que estaban alquilados pasaron a manos del Estado".

Mercado reducido

El mercado de alquileres, luego de las regulaciones fijadas en 2003 se ha reducido, debido a que los propietarios de inmuebles optan más por vender las viviendas que por arrendar.

Roberto Orta, añade que las medidas que prepara el Parlamento afectarán más la oferta de viviendas para alquilar.

"La congelación de los cánones y la desconfianza en el Estado han disminuido la oferta de alquileres en un 90%, y los montos que se pagan por los arrendamientos no cubren los gastos de mantenimiento de las edificaciones".