La campaña sostenida del gobierno para socializar a ultranza los medios de producción está generando costos políticos impredecibles al “proceso”. En los ataques dirigidos a la propiedad privada las principales víctimas no son precisamente los empresarios. Con reconvertir sus negocios, o llegar a acuerdos por expropiación tienen a la hora de salvaguardar sus capitales. Los grandes sacrificados son los trabajadores, la masa laboral de las empresas urbanas y rurales sometidas al acoso oficial, que se quedan sin empleo, y también los consumidores que sufren el día a día del desabastecimiento y encarecimiento de los productos.

Crecen el malestar y el desempleo. Se ufana el gobierno al decir que el desempleo está controlado pero volvió a subir a 7.8% en Junio 2009.  El empleo está cayendo en picada, y este indicador oficial está lejos del desempleo real que ronda el 15%. Más de un millón de personas en edad productiva está al margen del empleo. El Producto Interno Bruto (PIB) aumentó apenas un 0,3 por ciento en el primer trimestre, mientras la inflación avanza y acumula en lo que va de año un 10.8 por ciento. Estos son los primeros coletazos del proceso de ensañamiento contra el empresariado, manifestado en expropiaciones, confiscaciones, ocupaciones, invasiones, regulaciones y amenazas.

Cuando agrede a los productores de viviendas, eliminando la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo hace para congraciarse con los compradores de inmuebles a través del sistema de preventa. Pero falló la estrategia como la manipulación para criminalizar a los promotores inmobiliarios, los mismos que por más de cinco décadas han urbanizado buena parte del territorio, construyendo viviendas y las ciudades que están a la vista.

Falló la estrategia porque la medida lejos de convertirse en un factor de corrección o regulación de los contratos de preventa, y de activar la producción de viviendas, sentencia a muerte a las empresas constructoras de viviendas, a sus trabajadores, y al entorno de esta industria, que genera mayor la cantidad de empleos en la economía. Y defrauda las expectativas de las familias por su vivienda propia que ya habían sellado compromisos de compraventa, como las de miles de otros potenciales adquirentes. Ahora, ante al frenazo de la producción, mientras los promotores realizan ajustes y hacen las veces de adivinos para calcular el impacto de la inflación, ya hay compradores que se organizan para fundar una asociación de usuarios por la defensa de la preventa inmobiliaria y el derecho a elegir libremente la forma de cómo adquirir su vivienda.

El IPC venía aplicándose legalmente bajo la normativa de la Resolución 098, de fecha 10 de noviembre de 2008, del desparecido Ministerio de Vivienda y Hábitat, con el propósito de asumir los costos por inflación, fenómeno que se origina en las políticas del Estado. A medida que aumenta se impacta el proceso de planificar, construir y vender viviendas por los costos de insumos y servicios durante el proceso de construcción estimado en dos años. El cobro del IPC, índice establecido por el BCV, permite ajustar estos costos e incrementos. Así ocurre con la aplicación de la Unidad Tributaria, fijada por el BCV, para ajustar los montos de impuestos, multas y sanciones; exoneraciones y exenciones, y también con la adquisición de cualquier producto a crédito.

Entonces la manipulación queda al descubierto: no existe interés por garantizar el derecho de la población a la vivienda. El gobierno ha carecido de capacidad para responder al clamor por el techo propio y golpea arbitrariamente al sector preparado para asumir ese reto. Ahora va por la infraestructura, por las maquinarias de las empresas productoras, en un nuevo zarpazo por la ocupación de la propiedad privada.

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