Proyecto atrasados podrán ser expropiados

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Wednesday 08th of February 2012

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Viernes, 05 de Febrero de 2010 08:29

El Carabobeño 29-01-10.

Las regulaciones que adelanta la Asamblea Nacional en el sector inmobiliario incidirán notablemente en la construcción y en la venta de viviendas, pues es “sumamente complicado” colocar un precio fijo por dos años porque se desconoce cuál será el índice de inflación para ese entonces, según el análisis que presentó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Francisco Neri.

Sus declaraciones surgen luego del primer visto bueno que el miércoles se le dio al proyecto de Ley de Preventa de Viviendas en Construcción o Aún No Construidas que se elaboró en el seno de la Asamblea Nacional.

En la propuesta se fijan los criterios que contendrán los contratos de preventa inmobiliaria, los parámetros para la estimación de los precios de las viviendas y las acciones que podrán ejercer los compradores en caso de que los constructores incumplan con los proyectos.

El precio de preventa deberá tomar en cuenta el valor actual del terreno sobre el cual se edificará la obra, costos financieros, costo total de la obra incluyendo insumos, mano de obra, mercadeo, impuesto y contribuciones, sin embargo, el proyecto de ley prohibirá el pago adicional o cuotas especiales por efecto de inflación y exigirá que en los contratos se establezca la fecha de culminación de la obra.

Según el artículo 20, “los organismos competentes, en caso de interrupción de la obra contratada en preventa por incapacidad gerencial, técnica o financiera del productor de vivienda, para preservar los intereses de los compradores y del ente financista podrán declarar intervenida la obra y ocupar su administración, desarrollo y culminación”.

Neri explicó que colocar un precio fijo es algo difícil, pues no se puede prever los efectos de la inflación, lo que traerá como consecuencia una desaceleración en la producción, además “ningún promotor querrá establecerlo y los compradores ya no tendrán para financiar la inicial. Se les quita esa oportunidad”.

Prioridades

De las cifras oficiales que emitió el Banco Central de Venezuela sobre el comportamiento de la economía durante el tercer trimestre de 2009 se desprende que el Gobierno no tuvo entre sus prioridades la construcción de viviendas.

La inversión pública en la construcción abarcó 70,5% del total en ese periodo, mientras que el sector privado mostró un comportamiento diferente, pues la actividad cayó 1,9%.

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155 edificios permanecen invadidos en Caracas desde 2003 a la fecha

800 casas, terrenos y galpones permanecen invadidos en Caracas

22.000 inmuebles han sido invadidos a nivel nacional desde 1999 a 2011

188 edificios alquilados fueron afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y ninguno fue indemnizado a su propietario, ni adjudicado a sus inquilinos

53 edificios vacios fueron ocupados y afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y solo 12 fueron indemnizados y ninguno ha sido restituido a su propietario

El 2008 fue expropiado el Centro Comercial Sambil La Candelaria por orden del Presidente de la República, sin indemnización para 250 comerciantes propietarios, desapareciendo 4.000 nuevos empleos. Actualmente está destinado a refugio de damnificados.

En 2010 fue expropiado el Edificio La Francia por orden del Presidente de la República, y desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes, por la Alcladía de Libertador, sin indeminización por sus fondos de comercios y daños y perjuicios. Aún permanece sin el destino ofrecido.

En 2010 fueron expropiados por la Presidencia de la República y desalojados arbitrariamente por las Milicias Bolivarianas, 19 estacionamientos en el centro de Caracas, sin pago a sus propietarios. Aún no han sido construídos las viviendas prometidas en los terrenos.

En 2011 decenas de pensiones turisticas en Caracas han sido tomadas por grupos anarquicos con apoyo político, fomentando el no pago en sus huespedes; con maltrato y desocupación arbitraria de sus administradores y propietarios