El Universal 18-03-10
Gobierno adeuda $12 millardos a empresas de Venamcham al tomar su control

En el último sondeo de opinión de Hinterlaces, realizado la última semana de febrero y primera de marzo, se observó que 68% de los venezolanos rechaza los mecanismos de expropiación y nacionalización utilizados por el Gobierno.

Su director ejecutivo, Oscar Schemel, dijo en el foro Perspectivas Sociales 2010, hecho por la Cámara Venezolano Americana de Comercio e Industria (Venamcham), que "la mayoría de venezolanos cuestiona estas medidas de expropiación y nacionalización adelantadas por el Gobierno". Y "cerca de 70% estima que estas políticas amenazan la propiedad privada".

El analista indicó que "en Venezuela comenzó la etapa poschavista, el día en que se anunció la devaluación del bolívar. 65% cree que el presidente Hugo Chávez debe entregar el poder en 2012 a un nuevo liderazgo, y 67% de la población manifestó que las cosas en el país no van por buen camino: hay desencanto, frustración".

Aseguró Schemel que el discurso del socialismo del siglo XXI cautiva solo a 31% de la población. "La expectativa de los venezolanos no está en el presidente Chávez, está en la búsqueda de una alternativa".

Inversión y empleo
El presidente de Venamcham, Carlos Henrique Blohm, aseguró en el foro que desde 2007 a la fecha, en unas 30 empresas -afiliadas a ese organismo- "sus activos han sido tomados por el Estado. De ese total, solo 6 han sido compensadas parcial o totalmente. Son más de $12 mil millones en activos que no han sido pagados y queremos que se haga justicia".

Y señaló que "hay una serie de leyes promulgadas por la Asamblea Nacional o por decreto, que afectan la propiedad privada". Destacó la Ley de Nacionalización del Servicio de Hidrocarburos, "que establece la indemnización a valor libro y además no establece el pago de contado, como lo prevé la Constitución de la República".

También se refirió a la Ley de Tierras Urbanas, en la cual "se define en forma vaga qué es propiedad privada y está en manos de los consejos co- munales; le da un derecho de preferencia al sector público para los terrenos que así se definan que no son propiedad privada".

Resaltó asimismo la Ley de reforma del Indepabis que "declara de utilidad pública todos los bienes y medios de producción y distribución, crea una incertidumbre muy grande".

Blohm indicó que con estos instrumentos legales "lo más importante es lo que se deja de hacer. Hay inversiones que hay que hacer por tecnología o porque los campos (petroleros) son muy atractivos como los bloques que se ofrecieron a dos empresas internacionales en la Faja del Orinoco; pero la pregunta es cómo estaría la inversión y el empleo productivo si no hubieran esas expropiaciones y esas leyes que afectan a la propiedad privada y al Estado de Derecho en general".

El ejecutivo recordó que el 80% de la población trabaja en el sector privado. "La empresa privada es la principal fuente de empleos y aporta más de 50% de los ingresos al fisco".

Mariela León
EL UNIVERSAL