Ultimas Noticias 24-01-09

POLÉMICA  ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANOS DICE QUE DECRETO VIOLA LA CONSTITUCIÓN

"Alcalde no tiene competencia para interferir en actos judiciales"
Roberto Orta pide indemnizar a propietarios de las viviendas
 
Sólo han pagado 17 de los 241 inmuebles afectados.

El vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, dijo que el alcalde de Libertador, Jorge Rodríguez, no tiene competencia para interferir en lo que son procesos judiciales, por lo cual no puede prohibir mediante decreto el desalojo de las personas que habitan en los edificios afectados por la medida de expropiación ejecutada por el ex alcalde metropolitano, Juan Barreto.

Señaló que eso no sólo sería violatorio de la Constitución, la cual reserva la materia de las expropiaciones a la Asamblea Nacional y al Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, sino que atentaría contra el Estado de Derecho y la propiedad privada; por lo cual, de hacerse efectiva esa medida solicitarán la nulidad de ese decreto ante el Tribunal Supremo de Justicia.

Explicó además que un decreto municipal no puede derogar el contenido de una ley especial como lo es, en este caso, la de Arrendamiento de Inmuebles Urbanos, aprobada por el presidente de la República, Hugo Chávez, mediante la Ley Habilitante, y que entró en vigencia en 2000, la cual "permite a los propietarios que, en caso de necesitar su vivienda o que el inquilino no le pague, acudir a un tribunal para solicitar el desalojo del inmueble".

De igual forma, indicó que la firma de ese decreto no resolvería el problema de fondo, que es que no se han pagado las expropiaciones, pues de 241 edificios afectados sólo se cancelaron 17, lo cual representa el cinco por ciento de los inmuebles; así, se promovería la insolvencia de los inquilinos, quienes dejarían de pagar sus rentas.

En su opinión, el alcalde Jorge Rodríguez "lo que intenta es tapar el fracaso de la política de expropiación del ex alcalde Juan Barreto y, en lugar de interferir en los procesos que le corresponden exclusivamente al Poder Judicial, lo que debería hacer es indemnizar a los propietarios o facilitarles a las personas que habitan esos inmuebles el financiamiento para que puedan negociar la compra directamente con sus dueños".