El Impulso 11-01-11

De un total de 280 expropiaciones de inmuebles urbanos que el gobierno ha ejecutado en los últimos tres años, y el Gobierno solo ha pagado el 5% de ellas, asegura el presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta Martínez.

El dirigente gremial explica que la Milicia no está autorizada por la Ley para realizar ocupaciones. Considera asimismo, que el país se encuentra ante una nueva arremetida contra la propiedad privada, advirtiendo que la Ley Habilitante no le otorga al Jefe de Estado potestad para tomar decisiones en materia de ocupación de inmuebles.
Recuerda que el Gobierno nacional, la Alcaldía Mayor en su antigua gestión y la Alcaldía Libertador no ha pagado las expropiaciones en un 95% de los inmuebles, por lo cual se estaría configurando evidentemente confiscaciones de propiedad privada en Venezuela.
Ratifica que de acuerdo con el articulo 115 de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición del inmueble o de su propiedad y la única solución para la expropiación, es que el Estado pagando, es que puede ocupar o despojar a un particular de una determinada propiedad.
Destaca que durante el año 2009, el Jefe del Estado con el edificio La Francia y el Sambil de la Candelaria, inició la nueva etapa de las expropiaciones, indicando que lo que Apiur cuestiona es que no se está tomando en consideración lo establecido en la Ley de Expropiación, señalando que en el caso del Sambil se le despojó la concesión a la compañía propietaria y dos años después fue cuando salió el decreto de expropiación; mientras que en el caso del edificio La Francia, donde laboraban 600 trabajadores y 91 comerciantes, se les ordenó el desalojo sin indemnizarlos, tal como lo establece la Ley de Expropiación.
Apiur también reporta como ilegal la toma de 19 estacionamientos de la Parroquia Santa Rosalía y Santa Teresa, denunciando que los mismos fueron tomados por las milicias, donde se violó la Ley de Expropiación ya que las milicias llegaron armadas y obligaron a los usuarios, a los trabajadores y cuidadores que vivían dentro de estos terrenos, a desalojar.
-No desconocermos que el Estado tenga la potestad de expropiar un inmueble, un terreno, una propiedad privada para cualquier uso, lo que nosotros esperamos es que el Gobierno respete el procedimiento establecido en la Ley de Expropiación, que establece que solo con la indemnización o el previo pago en un tribunal de primera instancia, o previa sentencia de un juez ordenando una ocupación previa, es que el Estado puede tomar una propiedad-, afirmó.