Europapress.es 11 10 10

El PP habla de más de 200 afectados, que en total sumarían más de 200.000 hectáreas

El Gobierno cifra en 93 los casos de expropiaciones e invasiones de fincas de españoles pendientes de resolver en Venezuela, mientras que el PP habla de más de 200 compatriotas afectados por la política de tierras del Ejecutivo de Hugo Chávez.

Fuentes diplomáticas han precisado a Europa Press que ascienden a 93 los expedientes que quedan por resolver después de que hace más de un año ambos países crearan una comisión bilateral para analizar estos casos.

De esos 93 expedientes, 14 no llegaron a presentarse al Instituto Nacional de Tierras de Venezuela, el organismo al que los afectados deben recurrir para reclamar una compensación por los daños causados.

Otros seis expedientes fueron descartados por razones legales, 28 deben completar la documentación exigida, 13 casos están listos para indemnizar y 32 quedan pendientes de decidir si se les indemniza o se les otorga una carta agraria para continuar su explotación.

Las mismas fuentes precisan que la comisión bilateral creada para abordar los casos de expropiaciones de propiedades tras una visita del ministro español de Exteriores, Miguel Angel Moratinos, a Caracas en 2009 se ha reunido desde entonces en "nueve" ocasiones. 

Según el PP, los casos de invasiones o propiedades de españoles en Venezuela afectan a más de 200 personas. Así lo denuncia el senador 'popular' Dionisio García Carnero, quien interpela con regularidad a Moratinos sobre este asunto. Su partido ha solicitado este lunes que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero informe en el Congreso de la situación real de los españoles afectados por la política de expropiaciones de tierras y bienes de Hugo Chávez.

El objetivo de la diplomacia española en el caso de las expropiaciones consiste en favorecer un acuerdo entre las partes encaminado a que los afectados sean compensados. El asunto es complejo porque se trata de ciudadanos de doble nacionalidad por lo que Caracas podría argumentar en cualquier momento que es una cuestión interna, han señalado a Europa Press fuentes diplomáticas.

Aunque la Ley de Tierras de Venezuela permite rescatar las propiedades de aquellos dueños que no hayan podido demostrar su titularidad o aquellas que considere ociosas, esto es, que no se están aprovechando de forma suficientes, entre los afectados hay casos de fincas de las que sí se estaba sacando un buen rendimiento.

Para aquellos casos en los que no se pueda demostrar la titularidad de una finca --los requisitos complican al extremo el proceso-- el Ejecutivo español intenta que al menos se compense a los afectados por el dinero invertido en esas propiedades.

Los afectados calculan en más de 200.000 las hectáreas que les han expropiado o invadido.