El Universal 02 11 10

En 2010 se construirán 50 mil viviendas, 70% de ellas por los privados
Construcción de nuevas unidades se ve comprometida (Notitarde)

La orden presidencial de expropiar seis desarrollos habitacionales y de "ocupar temporalmente" ocho urbanismos más solo complicará aún más el panorama de inversiones del sector privado, consideró Aquiles Martini, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela.

Para Martini, los problemas del sector construcción -que implican un inmenso déficit de casi dos millones de viviendas- no se resolverán con medidas como la eliminación del ajuste de precios de inmuebles ajustado al IPC pues "en una economía donde aumenta el costo del contrato colectivo (mano de obra), el costo del dólar para insumos importados, y donde aumentan muchos renglones, es imposible que el único precio que no aumente sea el de la vivienda".

El pasado domingo el presidente Hugo Chávez dijo que "vamos a expropiar los primeros seis desarrollos habitacionales, que están paralizados. Vamos a terminarlos, a readecuar los precios, y además multaremos a estas empresas y entregaremos (los apartamentos) a las familias que ya pagaron".

Además, el Presidente ordenó "imponer multas de 5.000 unidades tributarias por afectado por cada empresa. A lo mejor tendrán que darnos hasta las máquinas" como forma de pago por las sanciones ordenadas. También mencionó que algunas constructoras continúan cobrando el ajuste por IPC de los inmuebles, situación que es investigada por el Indepabis.

El Estado no construye

El presidente de la Cámara Inmobiliaria explica que una afectación de este tipo solo disminuye aún más la oferta de viviendas, y desacelera el proceso productivo, "amén de que el objetivo de dar viviendas no se cumpliría porque sabemos que estas intervenciones generan más caos".

Aunque no se especificó claramente, la orden del Presidente atendería a lo contemplado en la Ley de Contrataciones Públicas, que establece la aplicación de medidas preventivas contra empresas que no cumplan con la ejecución de obras públicas contratadas. Entre las medidas se incluye la requisición de equipos o materiales de las obras. Esta normativa solo rige para obras del Estado.

El mismo domingo el presidente Chávez dijo que quiere construir edificios en Caracas, y para ello ordenó al Vicepresidente Elías Jaua que "llamen a las constructoras privadas, pero les ponemos los patrones: el edificio será de tantos pisos, de tantos metros cuadrados, de esta calidad, y el precio es éste. El que quiera, bienvenido; y el que no quiera que no trabaje. Ahora el que tenga máquinas y no quiera porque diga que es bravo, lo expropiamos, le quitamos las máquinas y después se las pagamos porque necesitamos las máquinas para trabajar, ¿ves? el que no quiera colaborar se le expropian las máquinas, es aplicación de la ley".

A pesar de las amenazas del Gobierno, este año el sector privado será responsable de 70% de las 50 mil viviendas construidas en el país. En el primer semestre el Gobierno sólo construyó 5.000 unidades.

Sobre las multas mencionadas, Martini dijo que "son una manera de destruir al sector inmobiliario. Me quitas las viviendas y me multas por más de su valor".

Para el presidente de la Cámara Inmobiliaria, "el déficit de dos millones de viviendas no se resolverá con medidas espasmódicas, sino cuando nos sentemos a trabar el Gobierno, la banca, los promotores inmobiliarios y los proveedores, con un plan viable a futuro".

Asimismo, Martini dice que "el problema no se resolverá con 37 mil casas importadas, ni con quitar terrenos a Polar. Por ello, la Cámara Inmobiliaria sigue con brazos abiertos para ayudar al Gobierno a resolver el problema".

Por su parte, la Cámara Venezolana de la Construcción manifestó, en un comunicado, su preocupación por lograr que las expropiaciones se hagan según la ley, aunque destacan que la expropiación no es la respuesta para sancionar a las empresas que violen las leyes que rigen al sector habitacional.

El gremio coincidió en señalar que estas medidas desestimulan la inversión, generan gran incertidumbre jurídica, y retrasan el proceso de construcción de viviendas.