El Universal 09-02-10

Duque Corredor criticó medida contra Éxito y edificios de la plaza Bolívar

"Como si fuera un arresto o una multa. El Gobierno ha convertido a las expropiaciones en una sanción para castigar infracciones y delitos".

La afirmación la hizo el presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Román Duque Corredor, al difundir el contenido de un comunicado que publicó la institución que reúne a los juristas y politólogos más importantes del país, en el cual se cuestiona la manera en la que el Ejecutivo nacional viene haciendo uso de la potestad constitucional de adquirir forzosamente bienes para promover intereses colectivos.

En el documento, los académicos recordaron que la propiedad privada está reconocida en los tratados internacionales y en la Constitución de 1999 como un derecho humano; y dejaron en claro que para que la expropiación sea legítima se deben cumplir una serie de requisitos, entre los que destacan: La expropiación busque satisfacer intereses de un grupo, que la medida no afecte los intereses que dice proteger, que haya una ley que explique los motivos, que se garantice el debido proceso, que se paguen las indemnizaciones debidas y que los militares no participen en ella.

Al referirse al caso de la cadena de Hipermercados Éxito, el ex magistrado de la extinta Corte Suprema aseveró que dicha adquisición irrespetó todos los principios internacionales que regulan la materia.

"Fueron ordenadas a través de los medios televisivos y de radiodifusión sin que exista norma alguna que contemplara la expropiación como sanción a infracciones como la usura o el acaparamiento. Se ocuparon mediante el uso de la fuerza militar. La declaratoria de utilidad pública se hizo por la Asamblea Nacional con posterioridad a la ocupación administrativa de los bienes privados (...). La declaratoria de utilidad pública recayó sobre los bienes particulares de determinados propietarios y no sobre fines o actividades de beneficio colectivo que justifican su expropiación", agregó.

Sobre el proceso iniciado contra el edificio La Francia y otras edificaciones ubicadas en las adyacencias de la plaza Bolívar, Duque Corredor dijo: "Es lamentable que el Presidente le ordene al alcalde expropiar unos edificios, en los que no sabía qué había; y que éste, que es un poder autónomo atienda sumisamente ese mandato".

Por último, el jurista aseveró que en este caso tampoco se cumplieron los extremos legales para llevar a cabo una adquisición forzada, pues "se está afectando la propiedad de unos bienes sin que haya un proyecto previo. ¿Qué arquitecto o urbanista ha elaborado un proyecto de recuperación del casco histórico en el que se requiera el cambio de uso de los edificios? Esto es el colmo de la irresponsabilidad".

Juan Francisco Alonso
EL UNIVERSAL