Expropiaciones Gobierno busca mayor control de tierras urbanas
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| Viernes, 14 de Agosto de 2009 06:16 | |||
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Correo del Caroni 14 de agosto de 2009  De acuerdo con el proyecto de Ley de Tierras Urbanas, aprobado en primera discusión, cualquier tierra urbana sin uso podrá ser declarada de utilidad pública. Aquellos terrenos que no soporten construcción habitacional, se emplearán para edificación de plazas y canchas. El jueves 28 de mayo en horas de la noche, el presidente de la República Hugo Chávez Frías ordenó crear un proyecto de Ley de Tierras Urbanas para regular el uso de terrenos en ciudades como Caracas. Dos meses después, el 4 de agosto, el vicepresidente Ramón Carrizalez remite a la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, el proyecto de ley como iniciativa del Ejecutivo Nacional. El Parlamento aprobó el proyecto -en primera discusión- el martes 11 de agosto y, este jueves, entró a la plenaria a la segunda discusión como último punto de la agenda. El proyecto de Ley de Tierras Urbanas tiene una conexión directa con la Ley de Propiedad Social, pues avala la expropiación de edificaciones privadas sin uso o abandonadas por sus propietarios. De hecho, señala claramente en el artículo 5 que “todas” las tierras aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda se regirán por esta ley, y define como “tierras urbanas aptas” aquellas sin uso, ubicadas en áreas centrales de las ciudades y en los municipios, equipadas de servicios públicos, entre ellas: tierras abandonadas por sus propietarios, sin edificar y “cualquier otra que así determine el Ejecutivo Nacional”. ¿Fin habitacional? En la exposición de motivos, se indica que este proyecto de Ley de “naturaleza social” y “carácter estratégico” tiene por objeto “regular el uso y la tenencia de tierras urbanas aptas para el desarrollo de programas sociales de vivienda y hábitat, a los fines de establecer las bases del desarrollo urbano y la satisfacción progresiva del derecho a la vivienda digna en las zonas urbanas”. Deja claro la introducción del proyecto que el objetivo sería satisfacer la necesidad de vivienda pues, a juicio de los promotores del documento, “existen grandes extensiones de terrenos, cuyo uso en nada se corresponde con la función social que debe dársele a la propiedad, debido a la existencia de grandes monopolios inmobiliarios que controlan la compra venta en gran parte de tales terrenos y parcelas”. De acuerdo con la exposición, es culpa de estos grandes monopolios que la población de bajos ingresos se vea en la necesidad de construir ranchos en zonas de alto riesgo, siendo confinados a “una vida llena de miserias y escasez”. Utilidad pública El artículo 3 establece que cualquier tierra urbana sin uso podrá ser declarada de utilidad pública. Aquellas que sean objeto de acciones sucesorales o en las que exista alguna medida judicial no podrán ser declaradas sin uso, hasta que el tribunal competente dicte la decisión correspondiente, pero “podrán ser ocupadas temporalmente dada la urgencia del caso”. El Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat será el ente encargado de ejecutar la ley, y deberá llevar un inventario de las tierras urbanas presuntamente sin uso en el territorio nacional. Las comunidades organizadas podrán formular denuncias y éstas serán elevadas al Ministerio a través de las oficinas estadales y municipales con competencia en tierras urbanas. A partir de la denuncia escrita, el despacho podrá ordenar la apertura del procedimiento de declaratoria de tierra urbana sin uso. “Dictado el auto de apertura, se notificará a los interesados (a través de carteles) para que comparezcan y se hagan parte en el procedimiento, en garantía al debido proceso y al ejercicio del derecho a la defensa”. Custodia comunal El artículo 33 establece que “la comunidad organizada del lugar donde se encuentre la tierra urbana cuestionada, actuará como custodio de las tierras en el proceso y que hayan sido declaradas sin uso, a fin de asegurar el bien de posibles invasiones”. El artículo 16 del proyecto de ley indica que las tierras urbanas ocupadas con edificaciones que estén en ruina, con fallas de construcción, deterioradas, que superen 60 años de haberse construido, o declarado inhabilitables, deberán ser enajenadas por sus propietarios, “con la finalidad de que las mismas cumplan la función social a la que están destinadas”. Cálculo del precio Para la estimación de los precios de las tierras urbanas sin uso, se considerará el valor fiscal del inmueble declarado o aceptado tácitamente por el propietario, el valor establecido en el último acto de transmisión de la propiedad y las regulaciones del Ejecutivo en esta materia. En el proceso de regularización de la tierra, si se determina que el suelo no soporta construcción habitacional, se empleará para edificación de plazas, canchas y cualquier elemento complementario a la vivienda. En caso de que no se puedan hacer este tipo de obras menores, se destinará a proyectos ornamentales o arbóreos. Mil intentos Por todas las vías, el Gobierno ha buscado satisfacer la necesidad de vivienda, ha responsabilizado al sector privado, ha creado infinidad de programas habitacionales, pero ninguno ha sido ejecutado con firmeza a fin de lograr reducir el déficit habitacional. Fuentes del sector construcción indican que el déficit supera el millón y medio de viviendas, y aseguran que una verdadera alianza entre el sector público y privado sería el camino para concretar un plan masivo de construcción. Intervención de espacios Durante un recorrido realizado a la comunidad de Coche, el ministro de Obras Públicas y Vivienda, Diosdado Cabello, manifestó que “hoy (jueves) debe estar aprobándose la Ley de Tierras Urbanas y este instrumento legal nos permitirá intervenir en otros espacios de la ciudad capital para incrementar la construcción de viviendas en la ciudad”, adelantó. Destacó que el despacho que dirige espera la aprobación definitiva del mencionado estamento legal para incrementar los trabajos en algunos espacios de Caracas.
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