Notitarde 20-08-09

Los sectores construcción e inmobiliario de la entidad expresaron su preocupación sobre términos expuestos en la Ley de Tierras Urbanas (LTU) y que consideran deben aclararse previa promulgación, visto que dejan a discreción de los funcionarios y denunciantes de presuntas tierras ociosas, la determinación del "uso" de los terrenos, favoreciendo la entrega de las tenencias a quien las reclame.

Arnaldo Romero, presidente de la Cámara de la Construcción del Estado Carabobo, señaló que la ausencia en la definición de los parámetros para la interpretación de las "tierras en uso" y "construcciones en progreso" genera incertidumbre en el sector, al punto de que pudiera afectar inversiones futuras.

El dirigente gremial resaltó que la exposición de motivos del proyecto "que hemos leído" proviene de la presunción de que las empresas inmobiliarias adquieren terrenos para luego venderlos a mayor costo.

"Queremos aclarar que la actividad de la empresa inmobiliaria es comprar los terrenos para luego construir soluciones habitacionales y este proceso puede tomar mínimo un año desde el momento en el que se adquiere una tierra para obra", expresó Romero.

Cámara Inmobiliaria: La ley subjetiva

Por su parte, Rafael Trejo, presidente de la Cámara Inmobiliaria en Carabobo, aseveró que según la Ley, basta con la emisión de una carta ante las alcaldías o el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda (Mppov) para que la denuncia quede formalmente formulada y así el Estado pueda tomar preventivamente la tierra para luego entregarla a los solicitantes.

"Hay personas que ni siquiera conocen el destino de los terrenos y pudieran hacer la solicitud ante el ministerio e inmediatamente entregarle la custodia a la Junta Comunal que haga la denuncia como prevé la Ley", expresó el dirigente gremial.

Entre tanto, el presidente de la cámara señaló que "para nosotros el término está definido en las ordenanzas existentes dentro de los planos urbanos en cada municipio entendidas como residencial, recreacional".

Agregó que el texto jurídico otorga derecho preferencial al Poder Nacional y al sector público sobre los terrenos urbanos, en consecuencia, ataca directamente a la propiedad privada y elimina algunas funciones de las alcaldías, a lo que sumó la violación de la Ley de Expropiaciones, ya que para tomar posesión de algo debe haber mutuo acuerdo y cancelado.



Llamado al Legislativo

Ambos dirigentes gremiales coincidieron en la importancia de que el Legislativo aclare la subjetividad de los términos planteados previo a su promulgación, ya que a juicio de Romero la ley debería estimular la construcción de viviendas y "no crear incertidumbre".

Adicionalmente, Trejo indicó que esperan poder intercambiar opiniones con el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, planteamiento que presentó al presidente de la Comisión Contra la Usura, Fraude y la Estafa Inmobiliaria de la Asamblea Nacional, Osman Gómez, a fin de realizar un foro con el autor de la exposición de motivos de la Ley, propuesta que formalizarán ante el referido ministerio.