El Nacional 29-09-09
El IPC señala que la publicación en Gaceta Oficial de los bienes que son considerados de interés cultural para el municipio Libertador "no es para nada un proceso expropiatorio"

El río Guaire está protegido por el IPC | Alexandra Blanco

El Instituto del Patrimonio Cultural señala que la publicación en Gaceta Oficial, el pasado viernes, de los bienes que son considerados de interés cultural para el municipio Libertador formaliza el inventario recogido en el I Censo del Patrimonio Cultural, que el organismo adelanta desde 2004. Esto quiere decir que el IPC tendrá la última palabra en las intervenciones que se pudieran efectuar en estructuras como la Universidad Católica Andrés Bello, la catedral y la Arquidiócesis de Caracas, el río Guaire, el Country Club, el Centro Vasco, las sedes de la Sociedad Anticancerosa, de El Universal y de la Nunciatura Apostólica, o la Torre de La Prensa, construcciones que figuran en los catálogos.

¿Cuál es el alcance de esta resolución? El consultor jurídico del organismo, Octavio Sisco, sostiene que en situaciones de reconstrucción el instituto puede intervenir o incluso paralizar las obras. No obstante, insiste en que "esto no es para nada un proceso expropiatorio". En esta primera publicación son 1.216 las obras protegidas, pero se prevé difundir más adelante los bienes en otros municipios del Área Metropolitana de Caracas y los del interior del país.

"La idea de esta publicación es la difusión. No se puede proteger lo que no se sabe que está protegido. Con la difusión, tanto entes públicos como privados conocerán el alcance, que es una suerte de obligación para el mantenimiento de estos bienes, sin menoscabar el derecho a la propiedad", afirma Sisco.

Más incentivos. En gobernaciones, alcaldías y otros entes del poder público recaerá la tarea de velar porque no se hagan intervenciones que puedan alterar drásticamente el estilo de las construcciones, donde se incluyen urbanizaciones, autopistas, iglesias, plazas y clubes. En el segundo, tercero y cuarto artículo de la providencia administrativa se indica que el Tribunal Supremo de Justicia deberá informar a los jueces los términos y obligaciones para casos de inmuebles que se encuentren en litigio. El Ministerio de Interior y Justicia será el responsable de dar instrucciones a los registradores inmobiliarios o mercantiles; mientras la Arquidiócesis de Caracas será notificada para que informe a todos los párrocos del municipio.

La directora de la Fundación de la Memoria Urbana, Hannia Gómez, opina que la selección de obras de interés cultural no debe verse como "una lista negra" sino como la oportunidad real para que haya una preservación compartida entre Estado y propietarios. Advierte que para esto, sin embargo, se necesitan incentivos fiscales u otro tipo de providencias que impulsen el mantenimiento.

"Las alcaldías están en la obligación de rendirle cuentas al IPC de todos estos bienes, y creo que son muchos más los que deben ser declarados de interés cultural. Sí, se trata de una restricción a la propiedad privada que existe en todas partes del mundo para poder preservar el patrimonio. Pero, hay que involucrar más a la gente, que sepan que la edificación recobra valor con la declaratoria", indica Gómez.

De acuerdo con las fuentes consultadas en el IPC, la providencia busca precisamente que los gobiernos locales enfoquen sus proyectos hacia la conservación de los edificios o lugares registrados en el censo.

Las responsabilidades por el retraso en proyectos diseñados para rescatar bienes de interés cultural, como el saneamiento del Guaire, no están muy claras. "El IPC da las sugerencias para el mantenimiento o mejoramiento de la construcción, pero no somos un ente ejecutor de políticas, eso le tocará a los organismos correspondientes, dice Sisco. El funcionario sugiere a los concejos municipales abogar por los incentivos fiscales.