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Hemeroteca - Expropiaciones
Sábado, 22 de Agosto de 2009 06:21
El Carabobeño 20-08-09

Gobierno podrá ocupar cualquier terreno
Ley de tierras urbana cercena la propiedad
Con el artículo 17 de la Ley de Tierras Urbanas, que fue aprobada la madrugada del pasado viernes 14 de agosto en Venezuela se acaba la disposición como uno de los elementos de propiedad, que tienen las personas que actualmente gozan de la titularidad de un inmueble en zonas urbanas.

Así lo señaló el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Francisco Neri, quien explicó que ahora será el Estado quien tendrá el derecho de preferencia para poder comprar o vender un inmueble.


El artículo en mención señala expresamente que “se establece un derecho de preferencia a favor de la República para adquirir las tierras urbanas”.

Neri va más allá al señalar que no se trata sólo de terrenos, también se pueden incluir construcciones levantadas sobre esos terrenos pues el numeral tercero del artículo 6 de dicho instrumento también califica como tierra urbana apta “cualquier otra, que así determine el Ejecutivo Nacional”.

Indepabis ausente

Nuevamente la Cámara Inmobiliaria de Venezuela se reunió con sectores afectados por la aplicación de la resolución 110 del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda que prohíbe el cobro del Indice de Precios al Consumidor (IPC).

El evento, que en esta oportunidad fue preparado por Veneconomía no contó con la presencia de funcionarios del Instituto para la Defensa de Personas en el Acceso a Bienes y Servicios (Indepabis), quienes fueron invitados para analizar la medida.

Neri explicó que actualmente el organismo llamado a solventar los problemas que se generan por la aplicación del IPC es la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, que tiene por objeto tratar de resolver las diferencias entre constructores y compradores de viviendas en el mercado primario.

Actualmente los asesores en la materia recomiendan un acercamiento con las autoridades nacionales a fin de involucrarlos en el funcionamiento del sistema de construcción de soluciones habitacionales.

Mientras tanto, empresarios del sector y compradores de viviendas nuevas han establecido mecanismos de diálogo donde han participado además representantes de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anuco), quienes proponen revisar aisladamente la aplicación del IPC, pues si bien se justifica su aplicación en algunos casos, en otros sencillamente se produce un factor de conflicto porque se cobra indebidamente más allá de la fecha establecida para la entrega del inmueble.

 

 

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155 edificios permanecen invadidos en Caracas desde 2003 a la fecha

800 casas, terrenos y galpones permanecen invadidos en Caracas

22.000 inmuebles han sido invadidos a nivel nacional desde 1999 a 2011

188 edificios alquilados fueron afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y ninguno fue indemnizado a su propietario, ni adjudicado a sus inquilinos

53 edificios vacios fueron ocupados y afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y solo 12 fueron indemnizados y ninguno ha sido restituido a su propietario

El 2008 fue expropiado el Centro Comercial Sambil La Candelaria por orden del Presidente de la República, sin indemnización para 250 comerciantes propietarios, desapareciendo 4.000 nuevos empleos. Actualmente está destinado a refugio de damnificados.

En 2010 fue expropiado el Edificio La Francia por orden del Presidente de la República, y desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes, por la Alcladía de Libertador, sin indeminización por sus fondos de comercios y daños y perjuicios. Aún permanece sin el destino ofrecido.

En 2010 fueron expropiados por la Presidencia de la República y desalojados arbitrariamente por las Milicias Bolivarianas, 19 estacionamientos en el centro de Caracas, sin pago a sus propietarios. Aún no han sido construídos las viviendas prometidas en los terrenos.

En 2011 decenas de pensiones turisticas en Caracas han sido tomadas por grupos anarquicos con apoyo político, fomentando el no pago en sus huespedes; con maltrato y desocupación arbitraria de sus administradores y propietarios

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