Ultimas Noticias 27-09-09. Por Jorge Chavez

Propietarios e inquilinos esperan una respuesta del Gobierno

Inmer Ruíz Raimundo Orta

El decreto municipal de expropiación de algunos edificios, firmado por el ex alcalde Juan Barreto, cuando éste se encontraba al frente de la Alcaldía Mayor en 2006; en lugar de resolver definitivamente el problema de vivienda de más de 10 mil personas, sólo consiguió sumir en un limbo legal tanto a propietarios como a inquilinos, al punto que nadie, ni las propias autoridades, saben a ciencia cierta cuál será el destino final de estos inmuebles.

El problema comenzó desde 2005, pero fue al año siguiente, en 2006, cuando verdaderamente las cosas comenzaron a cobrar tintes dramáticos, luego de que ciento de familias fueron desalojadas de los apartamentos y casas en las que vivían como inquilinos.

"Los dueños de los edificios iniciaron una serie de desalojos, apoyados por los tribunales comprados. Ellos decían que no podían vivir así con el congelamiento de los alquileres y, bajo cuerdas, pretendían subir los alquileres de manera estratosférica pero nos entregaban recibos con el monto congelado. Nos negamos a ello y comenzaron a sacarnos de los apartamentos", recordó Juan Carlos, un inquilino de uno de los edificios expropiados, quien no quiso facilitar el nombre del edificio donde vive, porque teme que otros vecinos que apoyan a los propietarios, le causen problemas.

A raíz de esos problemas, los afectados comenzaron a organizarse en una denominada Red de Inquilinos Metropolitanos, quienes acudieron ante el alcalde Juan Barreto y éste, luego de escucharlos, emitió un decreto de afectación de los edificios que tuvieran más de 60 años de construidos y paralizando cualquier desalojo.

Utilidad pública. "Actualmente existen 242 edificios afectados, ellos fueron declarados de utilidad pública por el Cabildo Metropolitano. Esta medida nos permite mantener afectado el bien hasta lograr una negociación para la venta con el propietario. Si no se llega a ningún acuerdo, se procederá a través de la vía administrativa y finalmente será un juez quien determine el justiprecio de los inmuebles", explicó Inmer Ruiz, secretario de gobierno del Distrito Capital.

Ruiz señaló que hasta la fecha han sido cancelados y expropiados, con fondos del organismo al cual representa, 17 edificios.

"Hay que decir que la afectación no siempre concluye en la expropiación, porque pueden llegar a un entendimiento los inquilinos y propietarios para la venta de apartamentos y resolver el conflicto", agregó Ruiz.

Sin embargo, el Secretario de Gobierno precisó que de todo el proceso de expropiación, se encarga el gobierno revolucionario en todas y cada una de sus partes y que las directrices debe llevarlas el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi).

De los 242 edificios afectados, 140 están ubicados en los límites del Distrito Capital.

El representante del Distrito Capital sostuvo que todas estas acciones están enmarcadas dentro de la Ley de Tierras Urbanas, específicamente por el artículo 16 que establece que "las tierras urbanas ocupadas con edificaciones que estén en ruina, con fallas de construcción, deterioradas, que superen 60 años de haberse construido, o declarados inhabitables, deberán ser enajenadas por sus propietarios".

Terratenientes urbanos. Según Ruiz, en San Bernardino hubo una ola de desalojos y el Gobierno paró esa acción bajo la amenaza de afectar los edificios.

"Los terratenientes urbanos que son los dueños, pretendían hacer remodelaciones menores a algunos apartamentos, para volver a alquilarlos como nuevos, a precios verdaderamente estratosféricos".

Para aclarar los alcances de esas medidas, el funcionario explicó que no se afectará de ninguna manera la propiedad individual y de familia. Es decir, que si alguna persona tiene un apartamento o una casa esta no está sujeta a estas medidas.

Nada con invasiones. "Son las propiedades múltiples de vivienda de él o los propietarios de edificios los que están sujetos a la Ley", sostuvo.

Sobre los edificios que permanecen invadidos Ruiz fue claro al señalar que "ese es un problema de orden público y son los organismos que administran la justicia quienes determinen las acciones".

"Si los dueños de los edificios invadidos quieren acordar con los inquilinos es cosa de ellos, pero ese acuerdo debe hacerse apegados a derecho. No nos pueden forzar a nosotros a hacer la tarea de los tribunales", sentenció Ruiz.

Otra historia.

Pero el abogado Raimundo Orta, quien es presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), tiene otra hipótesis sobre el problema de las invasiones y edificios afectados.

Para el jurista, todo "este problema" comenzó cuando el Gobierno decidió congelar el precio de los alquileres.

"Los propietarios de edificios no soportaron esta medida. La mayoría de los alquileres están en BsF. 50 o 100, por apartamento, entonces lo que cobran no les alcanza ni siquiera para pagar la electricidad, administración, servicios del agua, derecho de frente y por consiguiente no pueden hacerles ningún tipo de mantenimiento", explicó el doctor Orta.

Añadió que eso provocó que se sucedieran varios desalojos y por consiguiente la respuesta del Gobierno con la afectación de los edificios.

Raimundo Orta, quien conoce mucho del mercado inmobiliario puesto que su estudio se dedica a la compra, venta, administración, avalúos y propiedad horizontal de casas, edificios terrenos y otras propiedades, está convencido de que por las medidas del Gobierno, como la congelación del pago por alquileres, ha hecho que casi nadie quiera construir soluciones habitacionales para ese fin. "El mercado para alquiler está desaparecido en 93%", aseguró.

Orta recordó que entre los años 2005 y 2007, en Caracas se organizaron unas agrupaciones a las que él califico como "delictivas de invasores", cuyos actos no estaban penados por el Código Penal, pero que luego la Asamblea Nacional (AN), cometió el error de colocar unas penas de entre 9 y 11 años a los invasores, cuando modificó el Código.

"Eso obligó a que la Fiscalía y algunos jueces, no colocaran penas a los invasores, porque eran demasiado severas", precisó.

Reconoció sin embargo, que el Ministerio Público desalojó 39 edificios en el área metropolitana, siendo el más simbólico el de Terrazas de la Vega, donde "la clase pobre invadió a la clase pobre".

Orta explicó que en algunos edificios se da un caso al que califica de sorprendente, ya que hay algunos que primero fueron invadidos y luego expropiados.

"Eso lo único que hace es legalizar un delito. Es algo verdaderamente incomprensible".

Explicó que en parroquias como San Agustín del Norte y del Sur se dan acciones a las que denominan "tomas" que consisten en invadir hoteles y pensiones.

Negó que exista un presupuesto para pagar a los dueños de edificios expropiados y que, los pocos que lo han hecho, fue en la administración de Juan Barreto, pero que la gran mayoría no sabe qué sucederá.

"Los propietarios e inquilinos se encuentran en un limbo jurídico. Se paralizaron las expropiaciones porque fracasaron rotundamente y no encuentran respuesta en ningún organismo del Estado".

"A Ledezma le pedimos que desafecte los edificios y no ha hecho nada. Su primer decreto debió haber sido para anular las expropiaciones, pero no lo ha hecho".

Recordó que propietarios, inquilinos y funcionarios del Gobierno habían sostenido 60 reuniones en la Vicepresidencia de la República, pero que nunca obtuvieron resultados concretos.

Sin embargo reconoció que los propietarios de los edificios Cataluña en Altamira y Radio City sí recibieron todo su dinero, luego que tres peritos evaluaran los inmuebles.

"Es necesario que alguien del Gobierno de una vez por todas tome una decisión y solucione este problema. No es justo que nadie asuma su responsabilidad y que lo que comenzó como una clara decisión de ayuda a los inquilinos e invasores al final haya terminado perjudicándolos, junto a los propietarios, colocándolos en una fosa sin fondo en la que ellos no son propietarios y el propietario tampoco lo es", finalizó.

NADIE SABE QUE HACER El señor José Vallec es dueño del edificio "El Cristo", ubicado en la Avenida Fuerzas Armadas, frente a la estación de bomberos, donde viven 16 familias en igual número de apartamentos.

"Cuando Barreto anunció las expropiaciones, sólo pedía que a través de una carta los inquilinos solicitaran la expropiación, para que ellos procedieran.

Eso ocurrió en mi caso, donde sólo cuatro inquilinos pidieron la afectación".

Recordó que sólo los recibió el Procurador de la Alcaldía Mayor pero nunca el alcalde y jamás llegaron a entendimiento alguno.

Explicó que el Procurador del alcalde Ledezma les dijo que no podían hacer nada, porque estaban amenazados por los grupos que defienden a los inquilinos y que decidieron no actuar.

PODRÍA COBRAR MÁS DINERO El dueño del edificio Los Ilustres, ubicado en la Carlota, a una cuadra de la avenida Francisco de Miranda, Antonio Monyovi, recordó que cuando ya tenía todo arreglado para venderle los apartamentos a los inquilinos, fue expropiado.