Tal Cual 13 02 10

Más de 500 trabajadores de La Francia, uno de los cuatro edificios expropiados por orden presidencial, quedarán desempleados

"No soy judía, soy venezolanísima. Madre de dos hijos, uno de 10 años y otro de seis meses, y sostén de familia.

Pero el domingo, el Presidente cambió mi vida". La frase no pertenece a una propaganda del jefe de Estado, Hugo Chávez; menos a uno de los acostumbrados testimonios presentados en sus alocuciones. Es de Katherine Tomoche, encargada de una de las joyerías del edificio La Francia, que ayer desocupó con otros 500 trabajadores las instalaciones expropiadas por orden del primer mandatario.

Aunque la sentencia, dictada por Chávez en el espacio Alo Presidente, de expropiar a cuatro edificaciones en el centro de Caracas, por considerarlos de utilidad pública, fue apresurada; los ediles del Concejo Municipal Libertador la ratificaron en las primeras horas del lunes en sesión extraordinaria. Según Rosaida Hernández, presidenta de la cámara edilicia, son propiedad del casco histórico de la ciudad, se utilizarán para construir un museo histórico "para que el poder popular pueda disfrutarlos".

Pero la denominada "legalidad" ocasionó molestia en la Universidad de Oriente. Milena Bravo, rectora de la UDO, señaló que La Francia fue una donación que recibió la institución académica por parte del Estado, al culminar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

DECLARADOS EN EMERGENCIA
Sin embargo, la preocupación de los dueños y empleados radica en la compensación económica y reubicación. Pese a que el artículo 7 de la Ley de Expropiación por causa de Utilidad Pública y Social, publicada el 1 de julio de 2002 en Gaceta Oficial 37.475, contempla que la expropiación de bienes sólo podrá hacerse efectiva cuando se garantice el "pago oportuno y en dinero efectivo de justa indemnización"; aún se desconocen pronunciamientos de las autoridades del municipio Libertador.

Los resultados de las expropiaciones no han sido satisfactorios. La gestión de Juan Barreto en la Alcaldía Metropolitana generó el mal recuerdo en los nuevos afectados. "Sabemos que a las personas que les quitaron sus edificios no les han pagado. No queremos correr con la misma suerte", dijo Tomoche.

Hasta un año la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Apiur, solicitó la restitución de las propiedades expropiadas en el 2006 por Barreto porque aseguraba que 95% de los dueños estaban en un limbo jurídico. Únicamente se cancelaron 12 de los 241 inmuebles expropiados.

Por su parte, Fedecámaras y el Consejo Nacional de Comercio se declararon en emergencia ante las expropiaciones. Fernando Morgado, presidente de Consecomercio, repudió el procedimiento que consideró poco práctico para generar confianza en los inversionistas. "Pareciera que no hay un motivo de utilidad pública, que se supone que es lo primordial para proceder a la ocupación de un inmueble", explicó Morgado.