El Nacional 18-06-09

El Ministerio de Obras Públicas y Vivienda evalúa regular el precio de las viviendas en el mercado secundario. Para ello, se prevé colocar valores mínimos y máximos al metro cuadrado dependiendo del tipo de edificación, lugar y acabado del inmueble.

El ministro Diosdado Cabello informó recientemente que una mayor regulación en el sector inmobiliario contribuirá a contener la especulación en el precio de las viviendas usadas, por lo que esperan aplicar "criterios justos" en el precio del metro cuadrado pero sin tomar en cuenta la ubicación del inmueble.

La medida de colocar un precio fijo para las unidades habitacionales se mencionó cuando Luis Figueroa ocupó la cartera de Vivienda y Hábitat en el año 2006. Sin embargo, esta propuesta no tuvo mayor eco dentro del Gobierno.

Representantes del sector de la construcción han señalado que la falta de terrenos urbanizables, especialmente en la ciudad de Caracas, ha impactado en la variación de los precios de los inmuebles.

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos indicó que la regulación de los precios traería como consecuencia una disminución de la oferta de inmuebles de segunda mano, similar a la ocurrida durante estos últimos 6 años, con la reiterada congelación de los cánones de arrendamiento. "El congelamiento del arrendamiento lo que ha provocado es la disminución en 90% de la oferta de viviendas en alquileres y la ausencia absoluta de construcción de viviendas para alquiler", expresó la Apiur.

Asimismo, en las reuniones que llevan a cabo compradores y constructores para tratar el tema del IPC en los contratos de preventa se conoció que algunos promotores estarían dispuestos a devolver el dinero entregado por la cuota inicial del inmueble. Otra de las alternativas que sigue en pie es la de descontar lo cobrado por este indicador al precio final de los inmuebles.

Destructor de empleos. El presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción de Caracas, Miranda y Vargas, Marcos Rojas, informó que están en peligro 200.000 empleos directos e indirectos como consecuencia del cerco del Gobierno a la empresa privada.

"Con la eliminación del IPC en el sector inmobiliario y otras medidas como las expropiaciones, el Gobierno quiere acabar con la construcción privada", dijo el sindicalista.

Precisó que el IPC no afecta el salario de los trabajadores de la construcción, ya que ese concepto está previsto en el presupuesto de materiales y mano de obra. "Lo grave es que con las medidas contra el sector privado, los empresarios no ejecutarán más obras y habrá mayor desempleo".