Abg. Roberto Orta Martínez. 

Años después de aplicación de la Ley de Tierras, la cual ha desencadenado y justificado intervenciones, confiscaciones y expropiaciones de cientos de fincas y tierras productivas a nivel nacional, las cuales han producido una innegable disminución de la producción agrícola, el oficialismo pareciera enfilar acciones contra la Propiedad Privada Urbana. 

Diversos anuncios, proyectos y decretos nos hacen presumir que desde sectores gubernamentales existen intenciones concretas de disminuir el ejercicio de la propiedad urbana, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:

1. El proyecto de Ley Propiedad Social, que adelantan diputados oficialistas de la Asamblea Nacional, que aunque no suprime la propiedad privada, pretende crear un tipo de propiedad, la social, que no está estipulada en nuestra constitución, con la intención de establecer una plataforma para ir expropiando inmuebles y empresas e irlas transfiriendo a este tipo de propiedad, que aunque se anuncia como una propiedad del pueblo es de absoluto control gubernamental.
2. El Decreto No.40, del 04 de mayo de 2.009, promulgado por el Alcalde del Municipio Libertador, que permite la expropiación de Tierras Urbanas en este municipio, con un procedimiento ajeno a la vigente Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública. Con este decreto esta Alcaldía tomó posesión de terrenos privados en la Av. Libertador, que se encontraban alquilados a talleres y otros negocios, dando 48 horas para la entrega y demolición de los inmuebles, sin concederle a los inquilinos la prórroga legal establecida en la Ley de Arrendamientos de hasta 3 años y presuntamente sin indemnización a propietarios ni a inquilinos.
3. El Decreto No.3, del 5 de marzo del presente año, promulgado también por el Alcalde del Municipio Libertador, el cual establece que cualquier desalojo inquilinario que haya de practicarse en este Municipio debe ser autorizado por el directamente. A pesar de que los desalojos arbitrarios son aquellos que se hacen sin la actuación de un tribunal, este decreto se está utilizando para desacatar medidas judiciales de desalojos provenientes del Poder Judicial. Este decreto es una clara intromisión de un Poder Municipal en las funciones del Poder Judicial Metropolitano.
4. La Resolución 110, del 11 de Junio de 2.009, del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda, que elimina del cobro del Índice Precios al Consumidor en las preventas, establece la posibilidad de intervención administrativa de las obras sin indemnización, ni procedimiento judicial alguno.
5. El anuncio por parte del Ministro de Obras Publicas y Vivienda de la Regulación de los precios de venta de viviendas usadas o de mercado secundario, en la cual se establecería el precio máximo de venta, afectando el atributo a la disposición de la propiedad, ya que a pesar de tener nuestro país la inflación más alta del continente, se pretende limitar la potestad de las familias propietarias de viviendas de fijar el precio de venta de su inmueble.
6. La indefinida renovación del decreto de Congelación de Alquileres de vivienda, por parte del Mopvi, que en 6 años ha disminuido la oferta de viviendas en alquiler en un 90% por ciento y generado un acelerado deterioro de los edificios de vieja data dados en arrendamiento.
7. El anuncio por parte del Ministro Cabello, de un procedimiento de expropiación de edificios de vivienda de vieja data en arrendamiento, en el cual solo se indemnizaría el valor del terreno, en contra de lo establecido en la vigente Ley de Expropiación por causa de utilidad Pública o Social.
8. La prohibición de difusión de las campañas institucionales de Cedice Libertad y Asoesfuerzo, en pro de la defensa a la Propiedad Privada. 

Las anteriores consideraciones tienen como objetivo llamar la atención de los lectores de esta prestigiosa publicación y de los profesionales del sector inmobiliario, a los efectos de unir esfuerzos contra estas acciones y anuncios que podrían debilitar el ejercicio del derecho a la propiedad en nuestras ciudades.