El Universal 29 10 10

Apartamentos del Vistamar "no reúnen condiciones para reubicar a familias"
La inversión necesaria para acondicionar cada apartamento es muy elevada (Cruz Sojo)

La Guaira.- La medida de expropiación anunciada por la Gobernación de Vargas la pasada semana sobre los apartamentos del edificio Vistamar, ubicado en la calle 12 de Los Corales, parroquia Caraballeda, ha quedado sin efecto.

Así lo indicó el gobernador de la entidad, Jorge García Carneiro, quien explicó que el proceso de negociaciones con los propietarios que adelantaba la Procuraduría del estado costero queda sin efecto, toda vez que las inspecciones hechas por el personal del Instituto de Vivienda de Vargas en 42 apartamentos determinaron que la inversión necesaria para acondicionarlos era muy elevada y la inadecuada distribución de cada inmueble, que cuenta con una sola habitación, no era la idónea para recibir a las familias damnificadas del sector Los Hornitos de Punta de Mulatos en La Guaira, donde 14 familias debieron ser desalojadas de sus hogares ante el riesgo de deslizamiento en esa zona.

"Son apartamentos con una capacidad menor que la que se necesita. No hacemos nada metiendo en un apartamento de una sola habitación a una familia de hasta ocho personas" dijo García Carneiro.

A pesar de las declaraciones hechas por los propios propietarios del Vistamar y la Procuraduría de Vargas, quienes siempre expresaron que se desarrollaba un proceso de expropiación en el inmueble, el gobernador Jorge García Carneiro negó que la actuación del ejecutivo regional pudiera ser definida de esta manera. "Nunca pensamos en desconocer los derechos de los propietarios originales" (sic), advirtió.

García Carneiro indicó que seguirán buscando soluciones para los grupos familiares que habitan en refugios como los del Galpón 17 de Montesano, el refugio de Iberia en Carayaca, Los Hornitos y el refugio Nicolasito en Pariata.

Propietarios del Vistamar expresaron su sorpresa por el anuncio gubernamental, pues hasta ayer asistieron a la Procuraduría a consignar sus documentos de propiedad.

"Creemos que hubo una actuación apresurada de las autoridades. Me complace que reconozcan que es difícil enfrentar la recuperación de un edificio en las condiciones en que quedó tras los deslaves de 1999. Si para el Estado es duro, imagínate qué significará para un particular enfrentar esa empresa", explicó Damelis Hunte, cuyo grupo familiar posee tres apartamentos.

"Lo que sí quisiéramos es que las ofertas de ayuda para rescatar el edificio no quede en veremos. Así como algunos necesitan vivienda, otros pedimos apoyo con los servicios básicos, que también competen a las autoridades", significa otro residente, Daniel Alves.