El Universal 25-11-09 Por Rafael J. Chavero Gazdik
Se amparan en la confianza de que aquí más nunca volverá el Derecho.

Varias veces me he preguntado qué debe pasar por la mente de los militares a quienes se les encomiendan la toma forzosa de tierras y centros productivos privados que el Gobierno decide arrebatarle a los particulares.

¿Pensarán éstos que quitarle al que más tiene justifica ese hecho delictual? ¿Creerán ampararse en la obediencia legítima? ¿O simplemente cumplen a ciegas para cuidar sus cargos? ¿Pensarán que algún día podrán ser juzgados? ¿Con qué ojos miran a sus hijos cuando llegan a sus casas? ¿Qué pensarían si fuesen sus casas las que robaran de esa manera?

Lo cierto es que el gobierno venezolano sigue vulnerando las normas más elementales referidas al derecho de propiedad, tomando a la fuerza bienes de propiedad privada sin pagar antes por ellos, con la justificación populista de que serán para el pueblo, o más bien, para los allegados al Gobierno. La Constitución y la Ley de Expropiación no son más que letra muerta o un estorbo para quienes piensan que están por encima del Derecho y la Justicia. Sólo las armas y el poder justifican sus actuaciones.

Es injustificable que el Gobierno tome forzosamente bienes sin antes pagar por ellos. Ninguna norma autoriza tan salvaje proceder. La Ley obliga a que exista un previo y justo pago, lo contrario es robar por la fuerza. Nos han querido vender la idea de que las "ocupaciones temporales" son legales, pero ello no es así. Simplemente no tenemos tribunales capaces de confrontar al Gobierno, pero eso no convierte en legal a la barbarie.

Tristemente al pueblo no le interesan estos "detalles" legales, pues una buena parte de la población no ha tenido la posibilidad de adquirir sus cosas con esfuerzo y dedicación. Prefieren que el gobierno de turno les ofrezca y regale sus cosas, por eso es que el valor de la propiedad está tan desprestigiado en nuestro país. Sin embargo, lo irónico es que muchos celebran estos robos, pero no aceptarían que otros hagan lo mismo con sus bienes personales. Que le roben a todos menos a uno.

Con este proceder no sólo se per- judica a quienes han adquirido con esfuerzo sus bienes, sino también al país en general, pues difícilmente se invierte en un país donde lo más elemental (la propiedad privada) se desconoce abiertamente con la más absoluta impunidad. Vamos a un monopolio de Estado, donde el Gobierno decide a quién da y a quién quita, es decir, el sueño autoritario.

Qué triste que hayan funcionarios que no se percaten de algo tan obvio, o que sencillamente obedezcan por temor. Se amparan en la confianza de que aquí más nunca volverá el Derecho y la Justicia. Pero cuidado y se equivocan.

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