El Nacional 22 10 10

El edificio Vistamar, afectado por el deslave de 1999, está custodiado por Polivargas para evitar invasiones. Reubicarán a unas 14 familias damnificadas

Por órdenes de la Procuraduría del Estado Vargas, desde el miércoles pesa una medida de resguardo sobre el edificio Vistamar, localizado en la urbanización Los Corales de la parroquia Caraballeda, mientras se ejecuta la expropiación de algunos apartamentos que están en desuso, con la intención de adjudicárselos a familias damnificadas de la región.

Los propietarios de los inmuebles deben acudir a la Procuraduría de Vargas, a partir del próximo lunes 25, para presentar la documentación que les reconoce como dueños del apartamento. Simultáneamente, representantes del Instituto Regional de la Vivienda de Vargas realizarán un avalúo de los apartamentos abandonados y ofrecerán la suma de dinero que consideren a cambio del bien.

Ayer al mediodía, a Carmen Rodríguez no la dejaban entrar al apartamento que comparte con Daniel Alves, en la planta baja del edificio Vistamar. La funcionaria de Polivargas, apostada en la entrada de la residencia, alegaba que la mujer no aparecía en el censo realizado la noche anterior en el edificio, cuando fue tomado por las autoridades locales.

“Es increíble que no dejen a entrar a mi mujer a un apartamento que yo compré el 21 de octubre de 2005. Ahora dicen que van a hacer un estudio de cada caso para reubicar aquí a familias damnificadas, y nos oponemos a eso. Pero deben respetar los derechos de quienes demostramos ser propietarios”, dijo Alves, con una copia del documento de propiedad del apartamento en las manos.

Luego, la funcionaria dejó pasar a Rodríguez, pero le advirtió que no podría pernoctar en el apartamento a menos que algún funcionario de la Procuraduría de Vargas autorizara su estadía.

Miriam Vargas, una de las residentes de Vistamar, explicó que el día anterior se presentaron funcionarios del instituto de la vivienda y de la Procuraduría para informarles sobre la medida.

En el lugar residen permanentemente 13 familias, mientras que los otros 42 apartamentos no están habitados.

“Me parece bien que expropien los inmuebles que la gente no usa y confío en que se respetarán los derechos de quienes estamos aquí. Pero las autoridades tienen que tener en cuenta que los servicios de agua y luz que tenemos en el edificio son insuficientes para atender la demanda de 55 familias”, afirma Vargas, mientras señala los cables de luz que guindan del techo.

En los alrededores del Vistamar, la tragedia de 1999 está viva. Las calles no están asfaltadas, el agua llega a los apartamentos por bombas, no funciona el ascensor, no ha sido recuperada la fachada y la mayoría de las casas adyacentes están invadidas.

Abandono:

El edificio Vistamar afrontó los embates del río San Julián durante el deslave de 1999. Por esa razón, muchas de las familias que residían ahí desalojaron los apartamentos.

Se supone que entre estos 42 propietarios que no habitan los inmuebles algunos querrán negociar con el Gobierno y otros tendrán que demostrar su necesidad de vivienda para conservarlos.

La prioridad, según el gobierno regional, es atender la demanda de 14 familias que perdieron sus casas esta semana, por un deslizamiento de tierra que ocurrió en el sector Los Hornitos de la parroquia La Guaira.