La última incursión en la COL, el jueves, cobró la vida de un ocupante. Nueve estados en el país son los más afectados. Analistas indican que estas acciones aumentan en temporada electoral.

Ciudad Ojeda

Las ocupaciones ilegales de propiedades privadas, sean casas, edificios, galpones, fincas o terrenos, afectaron en el primer trimestre del año a mil propiedades de Venezuela, según estimaciones de la Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.

Cifras que, contabilizadas desde 1999 hasta la fecha, suman 10 mil, lo que representa una pérdida patrimonial que supera los siete millones de bolívares fuertes, según Vicente Brito, presidente de la mencionada organización.

Brito indicó que las entidades regionales con mayor número de invasiones son Monagas, Apure, Guárico, Anzoátegui, Miranda, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Yaracuy y Mérida, estados donde se ubican más de la mitad de las invasiones y donde en los últimos tres años se han construido aproximadamente 200 mil ranchos.

Aun cuando el Zulia no figura en esta lista, en un informe realizado en el 2002 por el Instituto Nacional de Vivienda (Inavi) en esta región se mantenían invadidas 3.400 casas y 18 terrenos, cifras que se han incrementado en un 30% en la COL y en 50% en todo el Zulia y en los últimos cinco años, según el economista y profesor de postgrado de la Unermb, Wilfredo Terán.

“Este año la cifra podría continuar incrementándose en las zonas urbanas, buscadas con mayor frecuencia por contar con servicios públicos”.

Disputas

La irrupción a la propiedad privada no sólo genera pérdidas patrimoniales sino también humanas, producto de las discrepancias entre ocupantes y propietarios, como el caso registrado el jueves en la urbanización Fondur, del sector El Danto de Ciudad Ojeda, municipio Lagunillas, donde un ocupante murió después de pelear con otro inquilino por la misma residencia.

En este complejo urbanístico cerca de 344 viviendas pertenecientes a los afectados por el fenómeno de subsidencia —seleccionados por la empresa Ducolsa— fueron invadidas el 11 de marzo de este año antes de su culminación.

“Sólo ocho propietarios asumimos el reto de invadir las casas que nos correspondían. Sentíamos temor de que se la asignaran a otra persona. El resto la ocupó residentes del casco central, avenida 34 y 31 de Ciudad Ojeda. Algunos tienen dos y tres casas”, indicó Belkis Álvarez, ocupante.

El gerente general de Ducolsa, José Luis Parada, explicó que las 344 casas invadidas en el sector El Danto están en proceso judicial.

“Estamos a la espera de la decisión del tribunal para posteriormente coordinar con la Fuerza Armada la ejecución de las acciones”.

También resaltó que se han presentado casos concretos de ocupaciones ilegales en la urbanización Nueva Venezuela, pero, a través de los consejos comunales, las personas desocuparon las viviendas.

Wilfredo Terán también sostiene que una de las causas que instan a la ocupación de propiedades privadas la constituye las elecciones municipales, regionales y nacionales.