El Tiempo 05-10-09

La Oficina de Prevención del Delito del estado Sucre, con el apoyo de organismos policiales, han convencido a familias que habitaban en terrenos que no les pertenecen, a que los abandonen y acaten las leyes que rigen la materia. Irina Atilano exhortó a las comunidades a no caer en el “delito organizado”

      
ILEGAL. Las leyes venezolanas prohíben la invasión de terrenos privados.

CUMANÁ.- La coordinadora de la Oficina de Prevención del Delito del estado Sucre, Irina Atilano, informó que han desalojado 20 invasiones u ocupaciones ilegales de espacios privados en el municipio capital, durante la gestión del actual gobernador Enrique Maestre, la cual se inició a finales de noviembre del año pasado.

Estos operativos se realizaron con el apoyo de los organismos policiales estadales y municipales.

Entre las invasiones desalojadas mencionó algunas ubicadas en los sectores El Peñón, Brasil Sur, Cantarrana, bloques de Fe y Alegría, Brisas del Golfo, El Valle, Zona Industrial de El Peñón y en las adyacencias de la Unidad Educativa San Luis de Fe y Alegría (avenida Universidad).

Explicó Atilano que esos desalojos se realizaron de manera pacífica y con 100% de efectividad. Aseguró que previamente dialogó con los invasores, quienes aceptaron que estaban cometiendo una usurpación y se comprometieron a cumplir con la normativa legal vigente.

Delito organizado
Atilano mencionó que las ocupaciones ilegales se producen en el municipio de manera “organizada y sistemática”, por lo que hizo un llamado a las comunidades a no caer en la trampa de apropiarse de espacios privados. Planteó que deben acoger los proyectos habitacionales del gobierno.

“Alentamos a las familias, en especial a las que no tengan techo propio, a que no caigan en el juego del delito organizado y se acerquen a instituciones como la Fundación Municipal de la Vivienda (Alcavi), Fundación Regional de la Vivienda (Funrevi) y el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi) para que se informen de los planes que ofrecen para acceder a una casa”.

Recordó que los ocupantes de espacios privados pueden encarar la cárcel o la cancelación de multas, tal como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal.

El artículo 471-A del instrumento legal reza que: “Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenos, incurrirá en prisión de cinco años a diez años y multa de 50 unidades tributarias (2.750 bolívares fuertes) a 200 unidades tributarias (Bs.F. 11 mil). El solo hecho de invadir, sin que se obtenga provecho, acarreará la pena anterior rebajada a criterio del un juez hasta en una sexta parte”.

Atilano insistió en que muchas de estas invasiones son “organizadas”. El referido artículo señala, además, “la pena establecida en el inciso anterior se aplicará aumentada hasta la mitad para el promotor, organizador o director de la invasión”.

La funcionaria espera que acciones oficiales como estas continúen en el resto de la entidad, y así disminuir los hechos delictivos contra la propiedad y censar a las familias sin viviendas.

Altas expectativas
Consultada al respecto, la presidenta de la Cámara de Comercio de Cumaná, Disnarda Rassi, expresó su satisfacción por la iniciativa de convencer a los invasores a que abandonen las tierras que tomaron ilegalmente.

“Sé que será una labor difícil porque muchas familias no están dispuestas a irse, ni tampoco se puede emplear la fuerza como se hacía antes. Pero si las autoridades tienen la manera de lograr convencerlos por las buenas, entonces los felicito. Esa es una muy buena noticia para muchos que tenemos nuestros terrenos”.

Sin derechos
De acuerdo con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Nacional, están prohibidas las invasiones en terrenos privados. De igual modo, el artículo 155 de la Ley de Vivienda y Hábitat dice que quienes hayan incurrido en este delito contra la propiedad no gozarán de los beneficios del Estado venezolano para acceder a proyectos de construcción de viviendas.