La palabra del presidente de Hugo Chávez en su programa Aló Presidente número 310 fue una orden. Este jueves los invasores de la Cota 905, quienes hasta hace poco gozaron de la protección oficial, vivieron momentos de angustia cuando un grupo de reservistas de la Guardia Nacional, acatando órdenes superiores y alegando cumplir una orden presidencial (que jamás mostraron a los vecinos) derribó 24 ranchos presuntamente recién construidos y sitiaron el lugar con piquetes de militares...

Los funcionarios llegaron el miércoles a las seis de la mañana a la invasión más grande de la Cota 905, que está dividida en "Revolución y Patria" y "Colinas del Pinar". En ambas habitan unas 290 familias que hace dos años se instalaron en las laderas de la montaña, a pesar del rechazo de la comunidad.

En principio le dijeron a los vecinos que harían un censo, pero éstos desconfiaron al ver que la GN llegó con tanquetas, ambulancias y paramédicos. ¿Todo eso para un censo?

Pronto se percataron de que sus recelos eran fundados, pues ya hacia el mediodía los militares mostraron los dientes y confesaron la verdadera razón de su visita: "Tenemos una orden presidencial de demolición".

Entre miércoles y jueves derrumbaron 24 casas entre el sector Revolución y Patria y Colinas del Pinar con sus motosierras y con apoyo de Inparques, y a ningún vecino se le dio información alguna: "No nos dijeron si van a seguir tumbando, o hasta dónde llegará la demolición, ni si ellos seguirán aquí en el barrio. No sabemos nada", dijo Jacqueline Salas, cuya casa fue derribada.

Asegura que el miércoles, el coronel que estaba a cargo del operativo les aseguró que el jueves llegaría la ministra de Vivienda, Edith Gómez, para darles razón de todo, pero nunca se hizo presente.

Salas también denunció malos tratos por parte de la Guardia Nacional, cuyos integrantes incluso llegaron a golpear a una niña de 14 años ayer a las cuatro de la tarde.

Su madre, Aurora Arias, explicó que un guardia le dijo a la niña que no entrara en su casa pues iba a ser demolida. Su hija se quedó en la puerta y un funcionario la agredió tirándole unas tablas contras sus piernas. Otro, muy molesto por la presencia de la niña, la golpeó en el abdomen y ella cayó por la montaña: "Menos mal que Cheo (un vecino) la agarró, y evitó que siguiera rodando. A ella le dio un ataque de asma y desde ese momento no se acuerda de nada".

Noris Josefina Soto denunció por su parte que a su esposo, Jorge Urol, lo tienen incomunicado en la sede de Policaracas que está en la Cota 905.

En la Alcaldía de Libertador (que sin embargo no tuvo nada que ver con un operativo que comandó la Guardia Nacional y el Ministerio de Hábitat y Vivienda) informaron que ellos entregaron hace veinte días a presidencia un informe sobre las invasiones en la Cota 905 y una recopilación de todos los informes hechos desde 2006.

La avenida Cota 905 estuvo cerrada todo el día entre el barrio Los Laureles y el Pinar. En ambas puntas fueron colocados piquetes de militares que impedían la presencia de periodistas o curiosos. La imposibilidad de pasar por el lugar ocasionó un fuerte congestionamiento en la avenida Páez y en la autopista.

Entre los invasores corrió el rumor de que serían trasladados a un refugio en Fuerte Tiuna mientras se resolvía su problema habitacional. El Universal intentó conocer qué pasará con estos invasores, pero no se logró información oficial.