En el kilómetro 26 cierran filas contra las invasiones. Las 420 familias de ese caserío que divide al estado Yaracuy de Falcón están en guardia. Comenzaron el mes obligando el desalojo de los ocupantes que estaban instalándose en las haciendas de la zona, y no lo cierran muy diferente: si un extraño toca a sus puertas, un vecino llama al otro para advertir en grupo que no está con las tomas de tierras...

Así se lo manifestaron personalmente al presidente del Instituto Nacional de Tierras, Juan Carlos Loyo, quien llegó a ese sitio olvidado en la vía a Boca de Aroa, tras las protestas que sus pobladores improvisaron contra las invasiones. "¿Por qué destruir lo que está hecho?", cuestiona Reseira Medina. Esa pregunta se la hizo a Loyo en la visita que les hizo el pasado 16 de abril, para dejarle claro que "las haciendas de los alrededores son fuente de empleo".

Ese y otros casos hacen concluir al presidente de Fedecámaras Yaracuy, Fandor Quiroga, que "el Gobierno nacional quiere vender un enfrentamiento en el campo que no existe en la sociedad". Si no fuera así, asegura que el INTI no habría necesitado militares en los procesos legales que abrió en el valle del río Turbio de Lara.

El caso de El 26 salta a la vista porque muestra una comunidad que rechaza las políticas de tierras que aplica el Gobierno. Todo empezó cuando los habitantes de otros pueblos les mostraron unas cartas agrarias que supuestamente avalan las ocupaciones de la zona. Sin llegar a los golpes, mujeres y hombres del pueblo entonces los expulsaron. Primero los ayudaron a empacar, luego pasaron la aplanadora sobre las casas que los extraños habían improvisado y, por si regresaban, al final trancaron la carretera durante los días del pasado 3 y 4 de abril.

Para Quiroga no cabe duda de que las ocupaciones de tierras forman parte de un plan que se teje en las alturas del poder y para sumar ejemplos, cita el caso de la Agropecuaria Rancho Alegre, ubicada en el municipio San Felipe, al otro extremo de Yaracuy, donde ocho personas recibieron título de propiedad una semana después de invadir.

Entraron el 4 de abril del año pasado y a los seis días recibieron una carta agraria del INTI, que certificaba la propiedad a nombre de la cooperativa Al galope. Un memorando que el directorio 1.268 de Fondafa realizó el 27 de marzo de 2007 indica que esa misma cooperativa había recibido 39.200 bolívares fuertes, lo que quiere decir que "Fondafa aprueba créditos a cooperativas antes de invadir".

Quiroga guarda la copia de esa decisión por si alguna autoridad se anima a investigar el caso, pero advierte que se trata de un modus operandi que se ha repetido en las 27.000 hectáreas intervenidas en Yaracuy.

Isabel Pereira, socióloga del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, está segura de que "las invasiones de tierras no responden a un movimiento popular". Tras varios estudios en haciendas invadidas, concluye que los verdaderos campesinos no están involucrados en el tema.

La experiencia de estos días le ha mostrado, sin embargo, que algunas comunidades de Apure, Cojedes y Yaracuy han empezado a manifestarse contra las invasiones, porque no quieren extraños en sus pueblos ni en las fincas donde trabajan.

Ese es el caso del kilómetro 26 del municipio Veroes, ubicado en eso que llaman la zona negra de Yaracuy, donde el discurso oficial ha ido alzando la idea de que hay que rescatar la tierra para los campesinos y afrodescendientes. Amparados en esa consigna, los habitantes de otros poblados han ido buscando terreno en los hatos de la zona, pero la respuesta de la comunidad es tajante: "los afrodescendientes no son bienvenidos".

En el Km 26 se ufanan de poder amanecer en la plaza sin hampa y no piensan probar si es posible hacerlo con otros. "En enero dijeron que iban a venir y arrasar hasta con las mujeres", denuncia Leyda Parra. "No queremos que vengan los afrodescendientes porque tienen otra idiosincrasia", agrega Reseira Medina luego de advertir que le parece absurdo ese término en un país en el que cree que "todos somos una mezcla".

Esta es la crónica de una guerra que propicia el propio Estado, concluye el presidente de Fedecámaras Yaracuy. Quiroga denuncia un tinglado en el que se usa la bandera de Ezequiel Zamora para dividir a la sociedad. Seguro de que se trata de una política que no conduce a nada bueno, pide que se cuente el final de los tiempos de la Guerra Federal, pues recuerda que Zamora fue asesinado y "su cabeza expuesta en Caracas".