Nueva Prensa de Guayana 01-12-09

Lo que hasta el año pasado eran focos esporádicos de toma de terrenos, luego de la promulgación de la Ley de Tierras Urbanas se convirtió en un grave problema social que además de mermar la calidad de vida de quienes residen en las inmediaciones de las invasiones, está provocando un clima de inseguridad jurídica para futuros empresarios.

Este último punto ha alarmado a la Junta Directiva de la Cámara Inmobiliaria del Estado Bolívar, ya que además de las consecuencias de orden social, la inversión privada se ha retraído por el auge en las apropiaciones de espacios vacíos y la falta de respuesta por los entes competentes.

En este sentido, citaron el caso específico de una industria brasilera que tenía una serie de proyectos en la UD-321, pero debido a esta situación se amedrentaron y no los pudieron llevar a cabo.

“En ese espacio existe una serie de inversionistas que tenían propiedad y una planificación pero no se pudieron realizar debido a la inseguridad jurídica, lo que conlleva a que se estimule la desinversión”, apuntaron los directivos.

La consecuencia agrava la situación económica que afronta el país, puesto que si bien los economistas aseguran que la clave para salir de la crisis está en estimular la inversión privada con estos hechos se produce todo lo contrario.

Asimismo, atenta contra lo que sería la solución del problema que origina las invasiones, es decir la falta de viviendas de interés social, puesto que como lo señaló David Bermúdez, director de la cámara, “quien tenía la intención de adquirir una parcela para desarrollar un urbanismo ya no lo va a hacer sabiendo que mañana o más tarde, además de ser expropiado corre el riesgo de que el espacio sea invadido”.

A lo anterior se le suma la falta de pronunciamientos o medidas por parte de las instituciones correspondientes a la materia de tierras urbanas como la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el Instituto Nacional de la Vivienda (Inavi), la Dirección de Planificación Urbana de la Alcaldía, el Instituto de la Vivienda, Obras y Servicios (Inviobras) y el Instituto de Vivienda y Hábitat de Caroní (Invihábitat).

Interpretación errónea de la Ley

Aunque las invasiones siempre han estado presentes, este año se dio un auge vertiginoso y con ello Ciudad Guayana que hasta hace poco era una de las ciudades más planificadas, ahora ha crecido de forma desordenada.

Para Aurelys Farfán, quien preside la cámara, el auge de este problema social es producto de que los ciudadanos se están resguardando en la recién promulgada Ley de Tierras Urbanas para tomar a la fuerza los terrenos, más la interpretación que le han dado al contenido de ésta ha sido errónea.

“Existe un desconocimiento generalizado del contenido de la ley. La gente se ampara bajo la Ley de Tierras Urbanas para invadir, en el artículo 33, pero le han dado una interpretación errónea a la normativa”, dijo Farfán.

Dicho artículo estipula que, “... la comunidad organizada del lugar donde se encuentre la tierra urbana cuestionada, actuará como custodio de las tierras en el proceso y que hayan sido declaradas sin uso, a fin de asegurar el bien de posibles invasiones”.

Con lo que se demuestra de que los ciudadanos actúan como custodios del terreno, más no que podrán ocuparlos, por lo que las invasiones y quienes lo hagan incurren en un delito de orden público cuyas sanciones están contempladas en el Código Penal.

Aunado a la penalidad, las invasiones son violatorias del derecho a la propiedad privada contemplado en el artículo 115 de la Carta Magna que reza, “... toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes (...) Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.

En consecuencia, actualmente hay personas que tienen interdictos en los tribunales para que les devuelven lo que por derecho y esfuerzo les corresponde, pero las respuestas se aletargan cada vez más.

La solución a esta problemática social, según la directiva de la cámara, está en que las instituciones antes mencionadas incentiven a los empresarios para que mediante planes de desarrollo habitacional se oferten viviendas que contarían con todos los servicios y que además sean accesibles a los ciudadanos.

Penalidades para los invasores

Como lo expuso la presidenta de la Cámara Inmobiliaria, Aurelys Farfán, las invasiones son consideradas como un delito de orden público, por ello en el Código Penal se establecen una serie de sanciones para quienes se apropien de un terreno o inmueble:

    *

      Artículo 471, “... quien para apropiarse en todo o en parte una cosa inmueble de ajena pertenencia o para sacar provecho de ella, promueva o altere sus linderos, será castigado con prisión de uno o cinco años...”
    *

      Artículo 471-A, “... quien con el propósito de obtener para si o para un tercero, provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechurías ajenos, incurrirá a prisión de cinco a diez años y multa de 50 U.T., a 200 U.T...”
    *

      Artículo 472, “... todas aquellas personas que utilizando la violencia perturbe la posesión pacífica que se tenga de bienes inmuebles con prisión de uno a dos años y multa de 50 U.T. a 100 U.T”.