El Estado venezolano es el actor dominante en la economía, y no ha hecho sino incrementar su poder a lo largo del tiempo con la creación de empresas públicas, las políticas de fomento de la empresa privada, regulaciones de todo tipo y la nacionalización de las industrias del hierro y el petróleo. Para prosperar, la empresa privada ha debido prestar tanta o más atención al Estado que a sus clientes, proveedores y competidores. En medio de tales avatares, las empresas han sobrevivido, aunque muchas se hayan quedado en el camino. Las más afectadas por esta montaña rusa han sido, sin duda, las manufactureras...

En sus primeros años, entre 1999 y 2001, el actual Gobierno mantuvo la política económica del Gobierno anterior. Sin embargo, su actividad ante la empresa privada fue más dura. Por ejemplo, realizó importaciones sin pago de aranceles e impuestos, en desmedro de la producción nacional. A ello se añadió la firma de numerosos acuerdos comerciales que favorecieron a los productores extranjeros. Para 2001 los suscriptores industriales del servicio eléctrico se habían reducido a 18.000, mientras que los suscriptores comerciales rayaban en 470.000. El sector privado venezolano se dedicaba cada vez más al comercio y los servicios.

A partir de 2005 el Gobierno bolivariano se declara socialista, lo cual vino a modificar de nuevo el entorno de la empresa nacional. El nuevo modelo promueve la formación de cooperativas para suplir bienes y servicios al Estado y las comunidades. También impulsa la cogestión. Las contratistas y proveedoras de Pdvsa deben convertirse en promotoras de Empresas de Producción Social (EPS), dedicando entre el 5% y 10% del monto de sus contratos a promover cooperativas y proyectos sociales. Las EPS funcionan de manera similar a las cooperativas, pero con mayor control del Estado.

Las invasiones y expropiaciones de fincas e inmuebles urbanos han puesto en entredicho los derechos de propiedad, sin que el sistema judicial salga en su defensa. Este nuevo factor de incertidumbre ha venido a desalentar la inversión privada, exigua desde la década de los ochenta.

El aumento del ingreso petrolero ha llevado a un incremento sin precedentes del gasto público y se ha traducido en un repunte de la demanda de bienes y servicios. Muchas empresas privadas han experimentado un auge en ventas. A menudo la demanda supera la oferta; por ejemplo, en los sectores automotor, viviendas y electrodomésticos. Los empresarios más arriesgados están realizando inversiones, a pesar de la incertidumbre latente acerca de los derechos de propiedad.

En la actualidad la empresa privada venezolana se debate entre las opciones de aprovechar al máximo las oportunidades resultantes del auge económico, asimilar las intervenciones del gobierno y minimizar su exposición a nuevas y más drásticas formas de intervención. Para ello, se ha reinventado una vez más, tratando de adaptarse a las reglas de juego que impone un Estado poderoso, buscando su supervivencia colectiva, aun cuando muchas perezcan en el intento.

Artículo póstumo, adaptación de original publicado en Debates IESA
Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla