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Fedeagro rechaza la arremetida contra la propiedad privada PDF Imprimir E-mail
Escrito por Administrator   
Viernes, 27 de Noviembre de 2009 07:58

El Nacional 26-11-09


La asociación de agricultores afirma es que el sector privado de la agricultura venezolana continúa, a pesar de los inconvenientes, contribuyendo con más de 90% del Valor de la Producción Agrícola Nacional. Señala que las superficies intervenidas poca contribución aportan


Agricultores y vecinos se presentaron a la defensa de la hacienda Tamarindo | Alveiro Bolívar

A continuación el comunicado completo:

La Junta Directiva de Fedeagro (Confederación Nacional de Asociaciones de Productores Agropecuarios) se dirige al país para alertar la arbitraria actuación del Ejecutivo Nacional, de algunos Gobernadores de Estado y de la Guardia Nacional, en contra de la actividad productiva que desarrollan agricultores venezolanos los cuales, pese a las dificultades impuestas por una política agrícola que privilegia las importaciones, las inclemencias climáticas y la inseguridad, se mantienen luchando y aportando su mayor esfuerzo para producir alimentos y generar empleo.

De acuerdo a cifras ofrecidas por voceros oficiales, el Gobierno, en estos once años, ha "recuperado" dos millones de hectáreas, y "regularizado", cinco millones. Es decir, siete millones de hectáreas estarían en pleno desarrollo, bajo los planes y protección del Ejecutivo, beneficiando a 110.000 nuevos "agricultores". Nos preguntamos, ¿cuál ha sido el impacto de esta afectación y cual ha sido su aporte a la Producción Agrícola Nacional?

Fedeagro afirma es que el sector privado de la agricultura venezolana, conformado mayoritariamente por pequeños y medianos productores, continúa participando a pesar de todos los inconvenientes, con más de 90% del Valor de la Producción Agrícola Nacional. Las superficies intervenidas, poca contribución aportan al PIB agrícola. Son los productores agrícolas organizados y sus asociaciones, las bases y el verdadero sostén de la agricultura venezolana y el genuino potencial para crecer, desarrollar el sector y alcanzar la soberanía agroalimentaria. Cualquier acción dirigida a socavar estas bases es un atentado a la seguridad de la nación.

Fedeagro exige al Gobierno Nacional, definir claramente cuáles son las condiciones que debe reunir un agricultor para cumplir con su deber de producir alimentos, y que a la vez le sea reconocido su derecho como venezolano a cultivar sus tierras. Hasta dónde llegan los derechos que le otorga la Constitución y las leyes, entre ellas la Ley de Tierras, para dedicarse a la actividad agrícola.

Los productores venezolanos tienen el derecho a enterarse de los parámetros que exige el Ejecutivo Nacional para saber a qué atenerse. No se está pidiendo una derogación de la ley, ni siquiera un debate para modificar la norma, exigimos el  establecimiento de criterios bajo los cuales actúan los funcionarios civiles y militares para intervenir forzosamente una finca. ¿Cuál es el verdadero motivo de estas intervenciones y hasta cuándo estaremos sometidos a esta incertidumbre? El clima se zozobra lo único que genera es desaliento en los capos venezolanos.

Venezuela depende peligrosamente en 70% de las importaciones para alimentar a su pueblo. Necesita incorporar urgentemente nuevas áreas para producir alimentos. Existen suficientes tierras subutilizadas esperando por recursos para ser desarrolladas, ¿por qué entonces no se interviene esas tierras verdaderamente ociosas y se da la oportunidad de mejorar a las que ya están en producción?

Los agricultores venezolanos somos hombres y mujeres de paz, dedicados a la actividad económica más azarosa de la economía. Nuestro trabajo genera empleo en las regiones y es la base para el desarrollo regional y el progreso de la nación. No entendemos cómo puede utilizarse la fuerza pública y militar del país para despojarnos de propiedades, destruir fincas y cultivos, violando todas las disposiciones y normas legales.

Estamos saliendo de uno de los inviernos más severos de los últimos 37 años, caracterizado por una cruda sequía que impidió alcanzar las metas de siembras programadas y esto afectó considerablemente la producción inicialmente esperada. En estas condiciones, demandamos la solidaridad de los entes gubernamentales y no la política de intervención de fincas productivas, que nos alejará más de obtener resultados positivos en el sector.

Fedeagro hace un llamado a las autoridades del MPPAT, el INTI, la Fuerza Armada y las Gobernaciones de Estado a reabrir el dialogo con los agricultores y encontrar vías, apegadas a la ley, en la solución de los conflictos presentes en diversas regiones del país. El norte que nos debe orientar es sumar nuevas áreas y nuevos agricultores.

Reiteramos que cualquier procedimiento que inicien los órganos del Ejecutivo, bien para rescatar las tierras que le son propias, o para adquirir aquellos necesarios de propiedad privada, deben realizarse apegados a los principios y normas constitucionales, por lo que exhortamos el cumplimiento de la garantía constitucional relativa al debido proceso, que implica no sólo el derecho a la defensa, sino también el de ser juzgados por sus jueces naturales. A estos efectos recordamos que el reconocimiento o desconocimiento de los derechos de la propiedad y/o posesión, corresponde a los Tribunales de la República y no a funcionarios de órgano de la Administración Pública.

Finalmente, exhortamos a las autoridades del Ejecutivo Nacional a unir fuerzas para enfrentar el reto de crecer y apuntalar el desarrollo y a concentrarse en la formulación y puesta en práctica de una política agrícola reactivadora para el Sector, dirigida a  hacernos soberanos desde el punto de vista agroalimentario, y disminuir, a lo estrictamente necesario, la dependencia de las importaciones de alimentos.

Los agricultores lejos de propiciar divisiones ofrecemos apoyo a programas nacionales de desarrollo agrícola sobre terrenos incultos a que sumen nuevas áreas cultivables. Nuestras experiencias asociativas han demostrado ser modelos de producción eficientes cuyo gran beneficiario es el consumidor venezolano.

 

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155 edificios permanecen invadidos en Caracas desde 2003 a la fecha

800 casas, terrenos y galpones permanecen invadidos en Caracas

22.000 inmuebles han sido invadidos a nivel nacional desde 1999 a 2011

188 edificios alquilados fueron afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y ninguno fue indemnizado a su propietario, ni adjudicado a sus inquilinos

53 edificios vacios fueron ocupados y afectados en Caracas en 2.006 para Expropiación, por el Ex Alcalde Mayor Juan Barreto, y solo 12 fueron indemnizados y ninguno ha sido restituido a su propietario

El 2008 fue expropiado el Centro Comercial Sambil La Candelaria por orden del Presidente de la República, sin indemnización para 250 comerciantes propietarios, desapareciendo 4.000 nuevos empleos. Actualmente está destinado a refugio de damnificados.

En 2010 fue expropiado el Edificio La Francia por orden del Presidente de la República, y desalojados arbitrariamente 600 trabajadores y 91 inquilinos comerciantes, por la Alcladía de Libertador, sin indeminización por sus fondos de comercios y daños y perjuicios. Aún permanece sin el destino ofrecido.

En 2010 fueron expropiados por la Presidencia de la República y desalojados arbitrariamente por las Milicias Bolivarianas, 19 estacionamientos en el centro de Caracas, sin pago a sus propietarios. Aún no han sido construídos las viviendas prometidas en los terrenos.

En 2011 decenas de pensiones turisticas en Caracas han sido tomadas por grupos anarquicos con apoyo político, fomentando el no pago en sus huespedes; con maltrato y desocupación arbitraria de sus administradores y propietarios

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